El pasado 2 de octubre se aprobó por unanimidad en la Asamblea Regional una moción que insta a la mejora de las condiciones para la cobertura, en régimen de interinidad, de sustituciones y vacantes en el sistema educativo público. La reforma es urgente: hace dos años, en el punto álgido de los recortes y con más de 2.500 puestos docentes destruidos en la Región, la consejería de Educación nos sorprendió con un sistema impuesto sin la participación de la comunidad educativa y que dejó en grave situación de desamparo a los docentes que, durante años, vienen prestando sus servicios en nuestros centros. No había detrás de esta reforma interés alguno por mejorar la excelencia del profesorado, que desde 2004 se habían negado sistemáticamente a acometer, sino más bien por expulsar de su puesto a docentes experimentados para sustituirlos por otros nuevos que no cobran antigüedad. El sistema vigente desde 2013 discrimina al profesorado interino de la Región frente al de otras Comunidades, ya que en verano son dados de baja, perdiendo no solo retribuciones, sino también puntos de experiencia que no suman.
Además, supone la expulsión de la docencia de aquellos aspirantes que, por cuestiones tan diversas como haber dado a luz o sufrido una enfermedad, no hayan conseguido una buena nota en las dos últimas convocatorias, aunque ya hayan superado el proceso en varias ocasiones en el pasado con excelentes calificaciones sin conseguir plaza.
Justo en el otro extremo se situaba el viejo sistema de 2004, que consistía en un blindaje total de las bolsas de trabajo que impedía la entrada en ellas, así como su reordenación interna. Para entendernos, si un opositor había obtenido en 2002 un cero en las pruebas y había conseguido trabajar al menos un día, siempre tendría preferencia frente a otro aspirante que en 2004 obtuviera un diez sin lograr plaza. Algunos argumentarán que sí era posible entrar en las listas y es verdad: era posible entrar, pero a la cola.
Este disparatado sistema, que sólo velaba por los intereses de un reducido, aunque muy activo, conjunto del colectivo interino, fue acordado por los sindicatos ANPE, CC OO , CSI-CSIF, STERM, UGT y el entonces consejero, Medina Precioso. No hay nada que recriminar a los primeros, que velan por el interés de sus afiliados, no por el interés general ni el de los outsiders. Para eso debería estar la Administración. Además, este sistema aniquilaba cualquier incentivo que pudiera tener un interino para formarse o preparar sus exámenes: si no sacaba la plaza, siempre se iba a quedar en el mismo sitio que estaba.
Como docente que antes que funcionario fui primero opositor, después interino ´no preferente´ (siguiendo la explícita nomenclatura de 2004) e interino ´preferente´ más tarde, quiero contribuir al debate aportando algunas ideas sobre cuál debería ser un sistema equilibrado que aporte estabilidad y reconozca la experiencia del colectivo interino pero que a su vez fomente la sana competencia y permita el acceso gradual de los nuevos aspirantes mejor capacitados, que no tienen culpa de haber nacido en el año equivocado. Estas consideraciones son estrictamente personales y no se corresponden necesariamente con las de ninguno de los colectivos con los que estoy vinculado:
1. Las bolsas de trabajo deberían confeccionarse con un baremo que armonice adecuadamente tanto la experiencia como la nota obtenida en oposiciones.
2. Se debería considerar la mejor nota obtenida en cualquier convocatoria sin caducidad: quien ha superado el proceso ya ha demostrado su capacitación y no necesita andar haciéndolo continuamente, de la misma forma que no debemos sacarnos el carnet de conducir cada dos años.
3. Se deben valorar adicionalmente las oposiciones aprobadas sin plaza, así como la formación complementaria de los aspirantes (másteres, doctorados, idiomas, cursos del INTEF y los CPR, publicaciones?).
4. Al margen de que los interinos murcianos cobren o no el verano (cosa que dirimirá la Justicia), las vacantes deben otorgar un año completo de experiencia, como en las demás comunidades.
5. Las bolsas de trabajo dinámicas se deben reordenar anualmente con los méritos que vayan perfeccionando y aportando los candidatos.
En definitiva, esta propuesta permite conjugar los intereses de todas las partes, aporta transparencia y dota de incentivos para la formación y preparación de los aspirantes y, por tanto, para la mejora de la calidad del sistema. Posiblemente mi postura no contentará ni a los nostálgicos de las listas acorazadas ni a los neófitos que consideren que haber realizado una buena oposición les legitima para mandar al paro a profesionales con años de servicios. Por esto pienso que es la más equilibrada. Podríamos incluso dar otra vuelta de tuerca y plantearnos una reforma integral del sistema de acceso para que la adquisición de la condición de funcionario se base en este sistema de baremación similar al usado en los concursos de traslados, como proponen los partidarios del Nuevo Acceso Docente (NAD).
En la moción aprobada en nuestro Parlamento regional se refleja el mandato de que el acceso a la función pública se haga atendiendo a los principios de capacidad y mérito (art. 103.3 de la Constitución). Sin embargo, de forma más o menos accidental se ha caído por el camino el principio de igualdad que asimismo se recoge en el artículo 23.2. Quiero animar a los representantes de la consejería de Educación y de las organizaciones sindicales que constituirán la Mesa Sectorial a que sean valientes y alcancen por fin un acuerdo eficiente, estable y justo con todas las partes.
