Creo que quienes esto lean entenderán que no me refiero a la Unión Europea, sino al municipio de La Unión, esa ciudad que el insuperable Asensio Sáez describiera como alucinante. Efectivamente, el municipio minero que en estos momentos alberga su prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas, está experimentando en carne propia una situación hasta ahora inédita no sólo en la localidad, sino en el conjunto de los ayuntamientos españoles. El Pleno municipal ha aprobado recientemente una suerte de rescate por parte del Gobierno central, sobre la base de una deuda muy elevada, que conlleva un Plan de Ajuste con parámetros asimilables a los que se aplican en Grecia con toda crueldad. El esquema es muy similar al heleno, a saber: la Hacienda Pública (en el caso griego es el Eurogrupo) garantiza una línea de liquidez a un interés bajo que tiene como finalidad fundamental pagar una deuda que, en lo esencial, ya estaba contraída con las Administraciones merced a un proceso previo de socialización de esos créditos, que en un principio estaban suscritos con el sector privado. Y como en Grecia, hay condiciones, básicamente dos: el Ayuntamiento pasa a estar de facto intervenido por el Gobierno central y se produce tanto una considerable subida de impuestos y tasas como una reducción del gasto. Es decir, se piden préstamos nuevos que sirven para pagar los antiguos, sin abordar las causas de ese déficit estructural que subyace a la acumulación de tan ingente deuda. Y esas causas están muy definidas, meridianamente claras: carencia de ingresos tanto por la ausencia de actividad económica y el subsiguiente elevado paro (en La Unión ronda el 50%), como por la insuficiencia de transferencias de otras Administraciones. También, y hay que admitirlo, por considerables niveles de despilfarro en gastos de personal y corrientes por los anteriores equipos de gobierno local, que han levantado importantes redes clientelares tirando precisamente de estos capítulos.
En consecuencia, y en la medida que no se aborda el origen estructural de la deuda, ésta no se resolverá y se resentirán los servicios públicos que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía. Efectivamente, si subimos los impuestos y tasas a la gente, y paralelamente reducimos el gasto sin atender a que parte de éste es prescindible, estaremos contrayendo la actividad económica del municipio y, por consiguiente, recaudando menos. A este respecto, el anterior concejal de Hacienda señalaba recientemente que, en concepto de IBI y debido al desempleo y la crisis, el Ayuntamiento ha dejado de percibir 900.000 euros. Igualmente, si no se destina el dinero nuevo que viene del Gobierno a generar inversión productiva y empleo en el municipio, los ingresos también fallarán por ese lado. Y para que el dinero fresco a prestar tenga ese destino, hay que abordar inexorablemente una quita y reestructuración de la deuda, lo cual queda facilitado por el hecho de que gran parte de ésta, como ocurre en Grecia, está en manos públicas. La privatización de servicios públicos también ha contribuido decisivamente al vaciamiento de las arcas municipales y a la ausencia de liquidez. Su recuperación, por ejemplo la del servicio de aguas, haría posible, como ya ocurre en otros municipios y capitales de toda Europa, que bajaran las tarifas para los ciudadanos y que el Ayuntamiento dispusiera de efectivo para sus operaciones cotidianas. En resumen, el plan de ajuste impuesto al Ayuntamiento de La Unión no resolverá los problemas del municipio. Su resolución sólo puede venir de la mano de un plan de reactivación económica que cree empleo y permita incrementar la recaudación. Las medidas adoptadas por la Corporación unionense, bajo la presión de Madridl, están condenadas al fracaso, como lo están las contempladas en el ajuste griego. El problema es que lo de La Unión puede ser un anticipo de lo que se puede aplicar al conjunto del país tras las elecciones generales.
