No termino de entender la estrategia de Pilar Barreiro en el caso Novo Carthago. Los políticos, como el resto de los ciudadanos, tienen derecho a defenderse ante la Justicia como lo consideren más oportuno, pero los casos que les afectan atañen al interés público general y este es un factor que han de considerar al margen de la instrumentación inteligente de los recursos que presta la ley. Quiero decir que los políticos, además de su legítima defensa, deben procurar explicaciones a los ciudadanos. Es una obligación de transparencia que han de combinar con su derecho individual.

La alcaldesa de Cartagena se negó a comparecer voluntariamente a sugerencia del juez instructor del caso, y se lo pudo permitir por su condición de aforada. Si el juez la hubiera obligado a declarar, la causa habría sido anulada. La instrucción continuó sin su testimonio, y recientemente el juez decididó remitir su trabajo al Supremo para que éste valore la posible imputación de Barreiro y determine qué instancia ha de seguir ocupándose del asunto. Pues bien, la defensa de Barreiro ha criticado esta decisión del juez y le exige que mantenga el caso en su circunscripción.

O sea, la alcaldesa se protege en el aforamiento y no acude a declarar y cuando precisamente por estar aforada el juez remite el caso al Supremo para que determine acerca de su imputación también recurre ese paso. Podrá decirse desde su ámbito: claro, porque Barreiro entiende que es inocente y, en consecuencia, le parece tan injusto tener que declarar en Murcia como en Madrid. Ya, pero eso es lo que dicen legítimamente todos lo implicados en causas judiciales, a veces con razón y otras sin ella. Y este es un caso en el que está en juego la confianza política de los ciudadanos, que precisan conocer los argumentos que pueda esgrimir la alcaldesa ante los requerimientos judiciales.

Es absurdo que parezca quejarse por el traslado del caso al Supremo cuando podía haber declarado voluntariamente, y al no hacerlo sabía que el caso acabaría en ese tribunal. Es probable que el traslado no sea por causa de ella, sino por posibles implicaciones de Valcárcel (lo sabremos cuando se conozca la ´exposición razonada´ del instructor), y no es creíble que proteste por esa elevación, pues algunos otros imputados del PP (su colega Cámara, sin ir más lejos) estarían encantados de visitar el Supremo (el alcalde de Murcia quiso ser senador para aforarse y sacar la instrucción del Umbra del tribunal murciano).

Por otro lado, en los tiempos que corren es un error político protegerse en el aforamiento, sobre todo cuando se aspira a mantener la carrera política con el próximo reclamo del voto a los ciudadanos. Barreiro es aforada por su condición de diputada, que nada tiene que ver con sus responsabilidades como alcaldesa desde las que tomó las decisiones relativas a Novo Carthago. Por tanto, el aforamiento es legal, pero políticamente fraudulento. Al menos, en el Parlamento Europeo los diputados sólo están protegidos en su actividad parlamentaria, no de aquello que pudieran haber hecho antes.

¿Qué pretende Barreiro? No declarar ni aquí ni allí. Marear la perdiz para retrasar la decisión del Supremo y poder acudir así a las elecciones de 2015 sin estar oficialmente imputada. Todos estos rodeos son legítimos, pero debiera recordar que los políticos pueden retrasar sus comparecencias ante los jueces, pero no deberían tener en vilo a la opinión pública durante años. Alguna vez hay que salir del limbo.