El sábado 29 de septiembre, Murcia vivió una jornada de alta tensión entre la Policía Nacional y los manifestantes que seguían la convocatoria «25S Rodea el Congreso». Probablemente no habíamos presenciado escenas de tal violencia en nuestra tranquila ciudad de provincias desde las movilizaciones de la época de la transición. Frente a la gravedad de lo sucedido creemos necesario esclarecer los hechos e invitar a reflexionar sobre su significado histórico.

Una vez concluida la manifestación espontánea que cortó durante varias horas la Gran Vía y la Redonda en protesta por las políticas de recortes y austeridad, se sucedieron dos cargas policiales a las puertas de la delegación de Gobierno. Eran las 11 de la noche aproximadamente cuando los manifestantes decidieron de nuevo cortar la circulación una vez que la Policía, a empujones y sin mediar palabra, los había retirado a la acera. Un pequeño grupo se adelantó y se situó enmedio de la carretera; en pocos segundos todo fueron carreras y golpes que dispersaron a la multitud. Acto seguido, los agentes se adentraron en el jardín que rodea el río persiguiendo a la gente sin distinguir entre manifestantes y simples peatones. Se retiraron entonces y dejaron a la multitud dispersa, desconcertada, intentando calmarse, algunos entre lágrimas de impotencia y de dolor. Pero la calma duró poco porque a los escasos minutos los agentes volvieron a cargar, esta vez sin razón aparente, echando a la gente del jardín entre amenazas e insultos.

Este pequeño relato, que puede parecer a primera vista anecdótico, se inscribe, sin embargo, en un contexto más amplio. Las imágenes de la violencia policial han dado la vuelta al mundo, pero también lo han hecho la valentía y el aplomo, tal vez incluso la temeridad, con que muchos ciudadanos han recibido la dura represión. Hoy parecen más lejanas que nunca las primeras movilizaciones del 15M, aquellas manifestaciones pacíficas y coloridas que invitaban a todos a unirnos en actitud festiva y esperanzada. Desde entonces, los niveles de desesperación de la población van en aumento entre recorte y recorte. La mera supervivencia aparece amenazada cuando la gente no sabe si mañana se verá obligada a rebuscar en cubos de basura. Cada día nos levantamos sobrecogidos con las noticias de comedores sociales desbordados por la afluencia de personas que hasta hace bien poco pertenecían a la llamada ´clase media´ hoy en peligro de extinción. Al mismo tiempo, la actitud desafiante del Gobierno, visible en las declaraciones que tildan a decenas de miles de manifestantes de golpistas, no hacen más que caldear el ambiente. Por todo ello, la tensión que rodea cada movilización va en aumento.

Cabe la sorpresa ante lo vivido en Murcia y en Madrid en los últimos días pero tal vez tengamos que acostumbrarnos a ver en nuestras calles y nuestras pantallas sucesos de este tipo. La situación en lugar de mejorar nos arroja a todos a un futuro de incertidumbre imposible de ignorar. Más de treinta años de paz social comienzan a resquebrajarse y nos precipitamos, ahora sí, al modelo de protestas griego. Al igual que sucede allí, la sociedad civil aspira a un cambio de sistema, una profundización en la democracia que disponga al poder económico al servicio de la ciudadanía. En este contexto, los cada día más frecuentes actos de desobediencia civil que buscan la defensa de los derechos adquiridos (educación, sanidad, empleo, vivienda e incluso ya, alimentación) no pueden ser condenados a la ligera.

Que quede claro: la legitimidad y la legalidad no siempre van de la mano. Sin la desobediencia civil, por ejemplo, los negros seguirían siendo hoy día víctimas de la segregación racial en Estados Unidos o en Sudáfrica. Equiparar, por tanto, simples ciudadanos indignados con los movimientos antiparlamentarios de extrema derecha de entreguerras representa un atajo intelectual que busca descalificar interesadamente un nuevo repertorio de acción contestatario. En definitiva, a la luz del descrédito e inoperancia del régimen actual, pareciera que estemos viviendo los preliminares de un nuevo proceso de transición política.