Nuestro Código Penal, en su artículo 446, define y sanciona como prevaricación la actitud por parte de un juez o magistrado de dictar una resolución o sentencia injusta a sabiendas. Propongo trasladar este mismo concepto al terreno político para perseguir y penar una actitud similar.

Me explico: si un cargo político de cualquier rango, sea de un partido del elenco parlamentario nacional o autonómico, sea del ámbito de la Administración autonómica o local, promueve cualquier planteamiento político a sabiendas de su inconstitucionalidad o bien no defiende conscientemente los intereses de los ciudadanos en beneficio propio ¿por qué no sancionarlo? ¿por qué tener que esperar a que lleguen las elecciones para ponerlo de patitas en la calle?

Vamos a ver, queridos conciudadanos, un cargo político de cualquier tipo y más aún cuando está al frente de un partido político o de una responsabilidad o cargo público tiene dos obligaciones: servir a los ciudadanos y cumplir la ley. Si conscientemente no lo hace, no tenemos por qué consentir que siga desempeñando su labor. Deberíamos poder denunciar su actitud y lograr que pagara las consecuencias que la ley estableciera, sustituyéndolo por otro inmediatamente.

¿Con qué derecho nos pueden exigir a los ciudadanos de a pie que paguemos nuestros impuestos, no conduzcamos bajo los efectos del alcohol, no nos saltemos un semáforo o nos sometamos a tal o cual norma autonómica, nacional o local, si ellos mismos, a los que nosotros hemos elegido no lo hacen y encima de forma consciente y dolosa?

No entiendo por qué tenemos que estar soportando a determinados sujetos que no sólo no defienden la Constitución, sino que además tratan de saltársela a la torera con atajos de dudosa calaña. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder, para disfrutar perpetuamente las prebendas que su cargo otorga, para defender no sé qué intereses que no son los del pueblo español, sino los de un puñado de partidarios de dudoso apego a la causa que a todos nos afecta.

Yo entiendo que en una democracia todos deben ser capaces de exponer sus ideas, por muy distintas que sean unas de otras. Pero mi planteamiento va más allá: me refiero a aquellos que legislan, que ejecutan decisiones, que promueven en los parlamentos normas jurídicas. Y todavía más, me refriero a los que los protegen y los encubren, les bailan el agua para obtener su apoyo.

Existiendo el delito que les planteo, el sujeto penado debería ser expulsado inmediatamente de su cargo, inhabilitado para el mismo durante largo tiempo, por no haber defendido la Constitución y los intereses legítimos del pueblo español.

De esta forma nos ahorraríamos montillas, mases, puigcercoses y los que les apoyan en sus pretenciones inconstitucionales: zetapés, chaveses y delasvegas. Tranquilos nos dejarían.

Qué vergüenza de políticos. Hartos me tienen.