Agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano han acudido esta mañana al despacho del alcalde de Gandia, Arturo Torró, del Partido Popular, para llevarse documentación y facturas relacionadas con la red de corrupción del llamado Caso Púnica, que salpica a varios ayuntamientos, especialmente de la Comunidad de Madrid, así como a los de Valencia y Gandia.

Según ha podido saber este periódico, dentro de las investigaciones que lleva el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, los agentes de la Benemérita exigieron información sobre pagos y contratos del Ayuntamiento de Gandia con la red que supuestamente se quedaba comisiones ilegales por el posicionamiento del ayuntamiento en internet.

En el caso de Gandia, el consistorio que dirige Arturo Torró pagó a dos empresas de Alejandro de Pedro, el implicado en la trama valenciana de esta presunta red de corrupción, abonando a las empresas Eico Management y Madiva facturas por valor de varias decenas de miles de euros.

Cuando surgió este escándalo de corrupción el Partido Socialista solicitó una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Gandia, pero el Gobierno de Arturo Torró la paralizó sin que se haya podido cumplir con su propósito de aclarar hasta qué punto se abonaron facturas por trabajos que pudieron no haberse realizado.

Alejandro de Pedro, encarcelado y después puesto en libertad con cargos por el juez Velasco, también trabajó para Arturo Torró en la campaña electoral del año 2011, cuando el PP logró la mayoría absoluta en Gandia, y los socialistas sospechan, y así lo han hecho constar en una denuncia, que esas actuaciones nunca fueron abonadas por Torró o el PP.

Al recibir la 'visita' de la Guardia Civil, el alcalde de Gandia ha llamado al concejal de Hacienda, Guillermo Barber, y al interventor municipal para que faciliten toda la documentación que el juez necesita para aclarar esta presunta trama corrupta.

Más registros

Agentes de la Guardia Civil están registrando hoy el ayuntamiento madrileño de Moraleja de Enmedio y llevando a cabo distintos requerimientos para pedir documentación a otros nueve municipios de Madrid y la Comunidad Valenciana en relación con la operación Púnica.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la investigación, que han señalado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) están solicitando documentación sobre, entre otros asuntos, los trabajos que pudieron llevar a cabo empresas relacionadas con la trama de corrupción autonómica y local que dirigía el exconsejero de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza.

La UCO está registrado el consistorio de Moraleja de Enmedio y pide documentos a los ayuntamientos de Madrid capital, Collado Villalba, Majadahonda, Alcobendas y Coslada, todos ellos en la región madrileña, y, además del de Gandía, los de Denia, Valencia y Castellón, en la Comunidad Valenciana.