Dos de los acusados ya han muerto y los que se sentarán en el banquillo están retirados de la vida política y empresarial. Y es que casi dos décadas dan para mucho. Exactamente, 18 años. Esos son los que han pasado desde que los cinco concejales de IU en 1999 interpusieran una denuncia en los tribunales por la contaminación del Segura y del Reguerón, que recibían vertidos residuales e industriales.

Por fin llegó lo que está llamado a convertirse en un macrojuicio a caballo entre este año y el 2018, ya que empezará el 13 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia y acabará en febrero. Una vista muy extendida en el tiempo en la que se tratará de dilucidar qué paso con el Segura y si los encausados son responsables, tal y como creen la Fiscalía de la Región y la formación de izquierdas, firmante de la denuncia primigenia, a la que se sumó la asociación Pro-Río que, posteriormente, se desligó del proceso.

A lo largo de las sesiones de este juicio pasarán por la sala decenas de peritos y de expolíticos, que serán llamados por las partes. En el caso del fiscal, los peritos más importantes son los firmantes de los informes realizados de las aguas contaminadas de los cauces. Los acusados también recurrirán a distintos testimonios para defenderse. Así, según explicaron fuentes cercanas al caso, pasarán a testificar el que fuera alcalde de Murcia antes de la era PP, el socialista José Méndez, y Juan José Parrilla, el socialista que fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, aparte de algún que otro director general de la época.

Para conocer los antecedentes de este caso hay que remontarse casi dos décadas, unas fechas en las que el municipio de Murcia carecía de un sistema efectivo de depuración y de unas redes de saneamiento eficientemente controladas. La capital de la Región contaba, entre otras, con la depuradora de Beniaján que tenía un funcionamiento deficiente y realizaba vertidos. Mientras, desde Alcantarilla también se estaban llevando aguas contaminadas al Reguerón.

El Ayuntamiento de Murcia era consciente de esta situación y, por ese motivo, realizó un plan integral de saneamiento y puso toda la carne en el asador para hacer una red de alcantarillado capaz de asumir los crecimientos que se habían producido de población y los futuros que estuvieran por venir. Unos proyectos que debían ejecutarse a lo largo de los siguiente años y que tardaron lustros en ser una realidad. Un ejemplo de ello fue la macrodepuradora de Rincón de Gallego, una infraestructura que debió haberse inaugurado en 1997 y que no abrió sus puertas hasta el año 2001. Además, el Gobierno local de la capital de la Región, presidido por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tomó la decisión en 1997 de que las aguas contaminadas del Reguerón fueran desviadas a las depuradoras de Murcia, aunque la planta de Beniaján debía ser reformada (el concurso que se convocó para hacer esa obra quedó desierto). Esa solución fue adoptada con el beneplácito del Ayuntamiento de Alcantarilla y de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Tras los episodios de contaminación del Reguerón y del Segura, el grupo municipal de IU decidió en 1999 poner una denuncia después de se que produjeran distintas protestas de ecologistas y de vecinos, una demanda que fue admitida a trámite e instruida por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia. Dieciocho años después, los presuntos responsables de ese supuesto delito contra el medio ambiente se sentarán en el banquillo de los acusados.

Los encausados son el exalcalde de Alcantarilla y actual gerente de Citmusa (Centro Integrado de Transportes), Lázaro Mellado; el exgerente de Emuasa José Luis Hervás; los expresidentes de la CHS Antonio Nieto y Juan Cánovas, además de José Alemán y Román Garrido. En su calificación final, el fiscal les acusa de cometer un delito contra el medio ambiente y de prevaricar. En total, solicita en conjunto más de veinte años de cárcel para todos los imputados.