El TSJ ha añadido a Adela Martínez-Cachá, consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a la lista de investigados (antiguo imputado) por el 'caso Guardería'. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se declara competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento por un presunto delito de prevaricación con respecto a la aforada Adela Martínez-Cachá, que era concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia cuando se produjo el derribo de la edificación del centro educativo murciano.
En el auto, notificado ayer, se designa al magistrado Enrique Quiñonero Cervantes, instructor del procedimiento sobre un presunto delito de prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia.
La Sala del TSJ fundamenta, además, que dado que los hechos investigados como presuntamente delictivos se concretan en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la prosecución de las actuaciones respecto de la aforada «resulta inescindible del resto de la instrucción practicada hasta la fecha» por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia en las Diligencias Previas 5042/2011.
La Sala, una vez que reciba la causa tramitada en el Juzgado, decidirá si llama a declarar a Martínez Cachá y si decide practicar alguna otra diligencia, algo que corresponderá al magistrado Quiñonero. La decisión de asunción de competencias adoptada por la Sala de lo Civil y Penal no es firme, ya que contra la misma se puede presentar, en el plazo de tres días, recurso de súplica, que deberá resolver el mismo tribunal.
La guardería de La Paz fue derribada en 2007, en el marco de un proyecto liderado por el promotor José López Rejas para la remodelación de este barrio de la ciudad, un caso que lleva en los tribunales desde hace años y que ha sido cerrado y reabierto en tres ocasiones. Ahora, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia de Murcia) ha dado un paso más para llegar al final y decidir investigar a la actual consejera de Medio Ambiente.
En este caso han sido imputados de momento el exalcalde Miguel Ángel Cámara, el promotor de la remodelación de la Paz José López Rejas, la actual concejala María del Carmen Pelegrín y los exediles, Joaquín Moya-Angeler y Antonio Castillo, los tres últimos por participar en la junta de gobierno en la que se votó favorablemente el derribo.
En el caso de Maruja Pelegrín, actual concejala de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Murcia, aseguró en su declaración ante el juzgado que la guardería «tenía todos los informes técnicos. A la Junta de Gobierno, durante estos años, solo han llegado expedientes con todos informes técnicos favorables y así hemos actuado atendiendo a que el expediente cumpliese la legalidad vigente».
Sobre Martínez-Cachá, que puede ser incluida en la investigación si no hay recurso de súplica en los tres próximos días, al ser aforada no había podido declarar aún. En la tarde de ayer esta Redacción intentó contactar por varias vías contactar con la consejera sin obtener respuesta. Hasta el momento no se ha manifestado sobre su posible investigación en uno de los casos más polémicos de la época de Cámara.
