Investigación

El fiscal cree que el viaje a Estambul sería 'ilegal' con la nueva Ley de Transparencia

La compañía a la que el promotor alquiló el avión para ir a Turquía con Cámara, Carrillo y el edil Roque cobró a Mira Llevant 75.000 euros por ese desplazamiento en 2008 La nueva norma regional solo permite regalos a políticos de hasta 60 euros

29.05.2016 | 04:00
El actual alcalde, cuando era consejero; el exprimer edil Cámara y el ahora concejal de Fomento, en una reunión de Urbamusa.

Intentó desgravarse el yate como oficina

  • El ´rey del ladrillo de Elche´ intentó desgravarse en la Renta un yate de casi 15 millones, una de sus propiedades más preciadas, como si fuera su oficina de trabajo; detalle que no ha pasado desapercibido para el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano. El Ministerio Público conoce bien este barco, el ´Samurai One´. Tiene más de 40 metros de eslora, llegó a ser uno de los más grandes y lujosos de España en su categoría y en él se celebró la fiesta a la que asistieron, entre otros, el que fuera concejal de Urbanismo Fernando Berberena, su número tres en la Gerencia, Joaquín Peñalver, y el ingeniero Renato de Noce, los tres imputados en el caso Umbra. Lozano en la nueva denuncia interpuesta por el viaje a Estambul indica que ese afán de desgravarse el yate como oficina «redunda en el hecho de pensar que la asistencia al yate no era una mera cuestión lúdica, sino también para realizar negociaciones sobre sus proyectos en marcha».

El cuñado de Cámara, también en la denuncia

  • El promotor ilicitano que alquiló un avión privado para un viaje a Estambul contrató además al cuñado del que fuera alcalde en los últimos 20 años, Miguel Ángel Cámara, a través de su empresa Mira Llevant. Así lo especifica el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano en la denuncia que interpuso el pasado lunes ante el juzgado de Instrucción Número 8 para que se abra una pieza separada de investigación. Lozano indica en su escrito que Gerardo Meroño Balsalobre, arquitecto técnico, recibió retribuciones de esa empresa como persona física un año después de realizarse el desplazamiento a Turquía. En concreto, cobró 25.179 euros en 2009 y 41.965 en 2010, circunstancia que el Ministerio Fiscal, socarronamente, atribuye a un cúmulo de casualidades. La empresa del ´rey del ladrillo de Elche´ también contrató los servicios de Daniel Valenzuela y su mujer, también abogada. La pareja, al parecer, recibió de esta firma cerca de 200.000 euros, según indica el fiscal en los papeles remitidos al juzgado. L. g.

­De momento es un acto de fe creer que han pagado ese viaje sin que aporten facturas, porque los papeles que tiene el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano afirman lo contrario, lo que le ha llevado a interponer una denuncia en el juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia. Este tribunal lleva el caso Umbra, presunta trama de corrupción urbanística en torno a los convenios de la zona norte que el Ayuntamiento firmó con promotores privados.

El Ministerio Público quiere que se investigue el viaje realizado por uno de esos empresarios, conocido como ´el rey del ladrillo de Elche´, Ramón Salvador Águeda, con unos acompañantes muy especiales. El desplazamiento se hizo en avión privado y en ese vuelo, que partió desde Alicante, iban el que fuera alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y su mujer; el exconcejal Antonio Sánchez Carrillo y su mujer; el abogado Daniel Valenzuela –hijo del que fuera secretario del Ayuntamiento, José Luis Valenzuela– y su esposa, así como el exgerente de Urbamusa y actual concejal de Fomento, Roque Ortiz, y su mujer.

Todos ellos, que llegaron en una limusina confort, pasaron juntos del 8 al 11 de julio de 2008. El abono de ese desplazamiento en jet privado se facturó a la empresa Mira Llevat, una de las que entró en el convenio urbanístico que el Ayuntamiento firmó en la zona norte y que permitió la remodelación del Teatro Circo, y que ha sido investigada en el caso Umbra.

Precisamente, ese viaje se realizó dos meses antes de que se aprobara definitivamente el plan parcial de Cabezo de Torres, del convenio del Teatro Circo. Estos datos los pone de relieve el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano, en el escrito enviado al juzgado para que se investigue, entre otras cosas, el viaje en avión y quién pagó el resto de gastos en Estambul, como hoteles, restaurantes, taxis, etc.

Según los datos aportados por Lozano en su denuncia, la compañía aérea contratada durante todo el mes de julio de 2008 por el grupo RS de Ramón Salvador Águeda para sus desplazamientos nacionales e internacionales, entre ellos el viaje a Estambul, facturó a Mira Llevant 186.000 euros, de los que unos 75.000 euros –a razón de 7.500 euros por pasajero– pudieran corresponder a los gastos del avión fletado para la ciudad turca.

Esta factura a nombre de una de las empresas del promotor ilicitano choca frontalmente con las declaciones efectuadas tanto por el que fuera alcalde durante los 20 últimos años de la ciudad como por el actual concejal de Fomento, que han afirmado que pagaron de su bolsillo este viaje, aunque no han aportado documentación alguna, lo que convierte sus declaraciones en un acto de fe frente a los papeles que tiene el fiscal.

Lozano entiende que se podría haber cometido cohecho si los matrimonios no desembolsaron el dinero de su bolsillo, y entiende que si esto fue así deben declarar en el juzgado como imputados. «La principal circunstancia para establecer que existe un posible cohecho es cuando quien realiza el regalo –cuyo valor debe rebasar con claridad el llamado uso social aunque no alcalce a mejorar objetivamente la situación económica del funcionario– tenga intereses que dependan de las competencias de la autoridad o funcionario público», indica el fiscal Anticorrupción, quien se remite también a la ley de Transparencia de la Región publicada en el BORM en abril de 2016. En esta norma, se establece que los políticos «rechazarán cualquier regalo u obsequio cuyo valor supere los 60 euros y no podrán acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o empresa cuya suma de sus valores sea superior a los 100 euros durante el periodo de un año».

Ahonda aún más en su argumentación y dice que «observando en conjunto la actividad desplegada por el señor Ramón Salvador Águeda, y ante su millonaria inversión en Murcia, se comprueba la «contratación, negociación y supuestos agasajos a buena parte del entorno municipal relevante que debe tomar decisiones sobre sus proyectos, puede entenderse, al menos indiciariamente, que existe una clara intención que presenta un marcado carácter delictivo de ánimo dadivoso constitutivo de delito de cohecho, pues no resulta fácilmente creíble que un empresario ilicitano venga a Murcia y se relacione casualmente».

El fiscal en su escrito remitido al juzgado recuerda que Águeda regaló relojes al exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, imputado en el caso Umbra, y viajes en yate, acompañado de otros imputados en el caso Umbra.

También quiere Lozano que se investigue la relación entre otra empresa del promotor ilicitano y una firma de la que forman parte Sánchez Carrillo y Carlos Valcárcel, hermano del expresidente Valcárcel. Además, el fiscal en su escrito llama la atención sobre las cacerías por África en las que participaron el que fuera gerente de Urbanismo Alberto Guerra, uno de los principales encausados en el caso Umbra, Valenzuela y el exconcejal Carrillo.

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