Las defensas tanto de Peñalver, como de Morillas y de Cámara han presentado recurso ante la Audiencia Provincial y solicitan que se cierre el caso. De hecho, el exalcalde va un paso más allá al decir que, en el caso de que hubiese un delito, ya estaría prescrito, pues pasó hace mucho tiempo.
La defensa del exregidor dio a conocer hace unos días un escrito especialmente duro con el juez Castillejos y el fiscal Lozano. Considera el ahora profesor que ambos profesionales que investigan el caso que le salpica no actúan con imparcialidad. A Castillejos, por ejemplo, le acusan de «negar varias de las pruebas propuestas», mientras que a Lozano lo acusan de «actuar de forma distinta cuando la afectada por una investigación sobre otro presunto caso de corrupción era una alcaldesa socialista».
La defensa del exalcalde insiste en que «todos los procedimientos en los que intervino fueron tramitados dentro de la más rigurosa y absoluta legalidad, con toda la publicidad posible y, en el caso del denominado Convenio Nueva Condomina, contando con el apoyo, incluso, del principal partido de la oposición, el Partido Socialista». Además, se reitera que todas las fases del convenio citado se desarrollaron en los años 1999, 2000 y 2001. Dado que estamos en 2016, «habría prescrito», consideran.
