No tienen claro el desenlace y la fecha fijada por la Audiencia Provincial ha caído como un jarro de agua fría en la plantilla de la antigua factoría de Valeo, un caso que lleva en los tribunales casi veinte años y que ha pasado por numerosas vicisitudes, desde el fallecimiento de algunos de los empleados hasta el archivo de la causa y la posterior reapertura.

El pasado octubre se celebró una comparencia en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial, que lleva este caso, por si se alcanzaba un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular que ejercitan los trabajadores y las defensas de los diez encausados, que evitaría la celebración del juicio, pero de momento esa negociación no se ha producido. Un portavoz de la plantilla afectada indicó ayer a esta Redacción que los trabajadores emplazaron a la empresa para tratar de resolver el conflicto, sin que de momento hayan obtenido respuesta.

Lo que sí se ha fijado ya por parte de la Audiencia es la fecha del juicio, que ha sido establecido para abril de 2018, es decir, para dentro de más dos años. En el escrito comunicado a las partes, la Sala Segunda informa a los perjudicados que la vista se celebrará durante once días: 6,7,8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de abril. La fecha no ha sido bien acogida por la plantilla, debido a que faltan más de dos años, lo que ha generado indignación y también incertidumbre. «Hay compañeros que ya han fallecido y no podíamos esperar mucho más porque somos todos muy mayores», explicó el portavoz de trabajadores perjudicados, quien añadió que hay también incertidumbre por si hay más cambios en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial, que se encarga de este caso que va ya por el segundo ponente.

La investigación judicial arrancó tras el cierre de la factoría, situada entre los barrios de San Basilio y el Ranero y dedicada a la fabricación de piezas y recambios para automóviles, cuando los 145 empleados que se quedaron en la calle denunciaron en 1997 a la compañía (cerró en 1995) por supuesta venta fraudulenta.

La multinacional de la que dependía la filial española despidió a una parte de la plantilla, prometiendo estabilidad al resto, y un año después comunicó a los empleados que iba a vender la firma y se formó la empresa Metalurgia del Sureste.

Esta última empresa era en realidad la misma, con los mismos directivos y creada únicamente para no tener que responder a las futuras reclamaciones de los obreros, según consta en los escritos realizados por el Ministerio Fiscal y adjuntados a la causa.