El caso Umbra (presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia) va a entrar en una fase decisiva una vez que han declarado prácticamente todos los imputados. Ahora le toca el turno a los peritos que han realizado informes que tienen que ver con los convenios urbanísticos que firmó el Ayuntamiento con distintos promotores y constructores y por los que supuestamente las arcas públicas tuvieron un perjuicio de más de 300 millones de euros, operaciones que están bajo el foco en la investigación judicial.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha citado a declarar a Maria Pilar Fontela Redondo, arquitecto jefe de la Unidad Técnico Facultativa de la Delegación de Hacienda, departamento cuyas investigaciones fiscales y de patrimonio de los imputados han sido claves. Fontela Redondo tendrá que comparecer ante el magistrado David Castillejos el 17 de junio, día en el que también ha sido llamada a testificar Marta Fernández Estellés. Esta técnico es auditora de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado y realizó un informe que está adjunto en el caso, en el que indica que el Ayuntamiento tuvo 360 millones de euros de pérdidas en los convenios que firmó en la zona norte del municipio, entre ellos el que suscribió en 2001 con el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, promotor del complejo deportivo-comercial Nueva Condomina. Precisamente, Samper es uno de los imputados en este caso de presunta corrupción junto al todavía concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; al ex gerente de Urbanismo y abogado municipal, Alberto Guerra; al ingeniero Renato del Noce (a este técnico el juez le impuso la mayor fianza para no entrar en la cárcel); y al abogado Higinio Pérez Mateos, que también tuvo que hacer frente a una fianza, al igual que Guerra.
El 20 de junio, tres días después de que declaren las dos mujeres citadas, deberán prestar declaración cuatro arquitectos. Uno de ellos es Mariano de la Villa Sanz, arquitectos superior que emitió un informe pericial relativo a los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaban a los terrenos propiedad de Lo Navarro. Ese informe se adjuntó al contencioso administrativo que esta sociedad interpuso contra el Ayuntamiento y Jesús Samper por el convenio firmado de Nueva Condomina, al considerarse uno de los propietarios perjudicados. Lo Navarro retiró su contencioso cuando firmó otro convenio urbanístico con el Ayuntamiento y en el que salía también muy beneficiado. Precisamente, también han sido llamados a declarar para el 20 de junio, en el marco del caso Umbra, los arquitectos Andrés Checa, Antonio García Herrero, actual decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, y Rafael Pardo Prefasi, actual tesorero del Colegio de Arquitectos. Estos técnicos emitieron también un dictamen pericial para el contencioso de Lo Navarro. Los informes técnicos indican que se vulneró la legislación vigente.
