El Tribunal de Cuentas ha decidido fiscalizar los presupuestos de los años 2014 y 2015 de los municipios de Caravaca de la Cruz y Torre Pacheco al no haber rendido las cuentas necesarias sobre ambos ejercicios.

El Tribunal ha advertido de que está dispuesto a aplicar medidas conminatorias y coercitivas contra aquellos alcaldes cuyos ayuntamientos no han podido ser evaluados porque no atienden los requerimientos del organismo fiscalizador, lo que incluye multas de las que tengan que responder con su patrimonio.

Según el comunicado difundido ayer por el Tribunal de Cuentas, esta entidad ha acometido una fiscalización sobre la rendición de cuentas de las entidades locales, con especial atención a las que reiteradamente han incumplido dicha obligación.

La fiscalización incluye a 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes -sobre todo de Andalucía- y una diputación provincial que en el mes de marzo de este año no habían cumplido con la obligación de rendir la cuenta general de los ejercicios 2014 y 2015.

Determinar las causas

Entre los principales objetivos de esta misión está determinar las causas que ocasionan el incumplimiento del deber de rendir sus cuentas y contribuir a remover los obstáculos estructurales, organizativos o las prácticas de gestión que lo originan.

Para ello se examina en cada una de las entidades la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias a las que están sometidas en materia de formación, aprobación y rendición de cuentas, así como la coherencia e integridad de las cuentas anuales formadas y no rendidas o, en su defecto, de su información contable.

Además, se verifican los sistemas y procedimientos contables que tienen implantados y su correlación con los restantes sistemas de información y control interno.

Con este cometido, en marzo pasado se enviaron oficios a las referidas entidades requiriendo la rendición de las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015 y solicitando información sobre una serie de aspectos esenciales que permitirán evidenciar las razones del incumplimiento.

A las entidades que no atendieron dicha solicitud se les reiteró la reclamación en el mes de mayo, con la advertencia de que, si a 9 de junio no la hubieran respondido, se procedería a pedir la personación del respectivo alcalde y del responsable de la intervención municipal en el Tribunal de Cuentas para explicar las razones que lo motivaban.