El Ayuntamiento de Mazarrón ha cuantificado en 20 millones de euros el coste del arreglo de los desperfectos de los servicios públicos en Camposol, que no podrá reclamar a la promotora porque el aval sólo cubre 1,2 millones de euros y porque no se ha personado en el concurso de acreedores de la constructora, que se encuentra en proceso de liquidación. Así lo reconocía ayer el secretario municipal, Juan Francisco Marín, ante la ponencia de la Asamblea Regional que intenta aclarar las responsabilidades políticas en el planeamiento, ejecución y mantenimiento de esta urbanización, en la que residen más de 5.500 vecinos, en su mayoría extranjeros, y que tienen graves deficiencias en los servicios de abastecimiento, saneamiento y electricidad, así como en los viales.

Marín señaló que el Consistorio ya ha ejecutado cuatro avales, por importe de 1,2 millones de euros, pero aclaró que es insuficiente para cubrir los 20 millones que, en una última valoración, ha realizado el Consistorio sobre las deficiencias detectadas en la urbanización promovida por 'Justo y Manoli', que está en proceso de liquidación al tener unos activos de 42 millones y un pasivo de 108 millones de euros.

El secretario municipal, que ocupa este cargo desde 2012, añadió que todas las Corporaciones han tenido «voluntad» de arreglar la situación, pero advirtió de que el Consistorio debe «evaluar si hay que invertir en una sola zona esa gran cantidad de dinero». Por su parte, el ingeniero del Ayuntamiento José Antonio Segado, que emitió informes «bastante alarmantes» sobre las graves deficiencias detectadas en «la caja de sorpresas» que es Camposol, reconoció que los responsables de los equipos de Gobierno no siguieron en ocasiones las recomendaciones y los avisos que se plasmaban en los escritos.

Respecto a la construcción de parte de la urbanización sobre la rambla de Los Andares, Segado aseguró que desconoce cómo el Consistorio no cotejó el proyecto con la ejecución de la obra, algo que él comprobó cuándo realizó una visita a la urbanización.

Asimismo, adelantó que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que ha abierto un expediente sancionador contra el Ayuntamiento por 1 millón de euros más otros 9 millones para reponer el cauce, ha elaborado una última propuesta en la que desecha recuperar la rambla a su estado previo y aboga por modificar el encauzamiento actual.

Desde los grupos parlamentarios, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños denunció la «connivencia» entre el Consistorio y la promotora para permitir «las gravísimas» deficiencias detectadas y que, según sus cálculos, costarán a las arcas municipales o autonómicas 20 millones de euros, más los 10 millones para reponer el cauce y las posibles indemnizaciones de los vecinos por los daños estructurales en sus viviendas.

La parlamentaria de Podemos María Giménez puso el foco sobre las irregularidades de la concesionaria del servicio de agua potable, que no está dando un servicio correcto a los ciudadanos, lo que sería motivo de rescisión del contrato, y en que las decisiones de los responsables municipales «no siempre» iban en consonancia con los informes técnicos.

En la bancada de Ciudadanos, Luís Fernández censuró que el Consistorio no haya actuado judicialmente contra la promotora, al tiempo que ha reprochado a la CHS que, tras abrir un expediente en 2005 por ocupación de la rambla, «no hizo nada» hasta 2014, cuando se produjo una avenida en la zona.

Finalmente, el parlamentario del Partido Popular Víctor Martínez-Carrasco consideró «un poco estéril» la sesión de ayer para dilucidar quiénes son los responsables de los «enormes problemas» de Camposol.