«Mi hijo no es un maltratador», subraya Encarnación González, madre del propietario legal de la casa de Las Torres del Cotillas de la que el 27 de abril han de salir Raquel Bravo y sus tres hijos, por mandato judicial.

Encarnación sustenta sus manifestaciones en una sentencia del Juzgado de Lo Penal Número Uno de Murcia, fechada en julio de 2015, en la que se absuelve a su hijo del delito de malos tratos en el ámbito familiar por el que dos años antes se le había condenado a una orden de alejamiento de Raquel. El juez de Lo Penal decretaba que la citada orden de alejamiento siguiese en vigor (se mantuvo hasta el año 2016), pero del maltrato absolvía al hombre por «circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, concretamente una eximente completa por enajenación mental», se detalla en la resolución, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

El procesado tiene oficialmente la incapacidad desde 1997, tras sufrir un accidente. De ahí que la representante legal del hombre sea su madre.

Aunque el juez considera un hecho probado que el hombre «se abalanzó sobre Raquel, la agarró por los brazos y la zarandeó», señala que «en el momento de los hechos, el acusado tenía completamente anuladas sus facultades, puesto que sufría una alteración de la conducta, secundaria a un trastorno orgánico de la personalidad, con distorsión de la percepción de la realidad y con alteración del control de los impulsos».

Raquel Bravo y sus tres hijos (de los cuales, solamente la mayor es hija de este hombre) están obligados a dejar la vivienda en la que residen después de que un juez diese la razón al dueño legal del inmueble. «No se ha dictado orden de desahucio alguno, sino que la vivienda le fue atribuida provisionalmente por una sentencia que fue revocada por la Audiencia», apunta Encarnación.

Al mediodía del próximo 27 de abril, Raquel y sus hijos (dos de ellos menores) han de desocupar la casa. Ella asegura que no tiene dónde ir ni dinero para pagar un alquiler. Su hija mayor, que acaba de cumplir la mayoría de edad, no ve a su padre por propia voluntad desde hace años, aunque recibe una pensión.

Raquel y sus hijos reciben ayuda por parte de los Servicios Sociales y del Banco de Alimentos, y se encuentran recogiendo firmas para evitar este desalojo. Numerosos vecinos del pueblo han estampado su rúbrica en la hoja.