El juez que investigaba a 6 de los 8 ediles del Gobierno local de Los Alcázares (Murcia), del PP, como presuntos autores de prevaricación, cohecho y trafico de influencias en la adjudicación de unas obras ha archivado las diligencias al no apreciar indicios delictivos tras los interrogatorios practicados.

En un auto fechado ayer, el titular del juzgado de primera instancia e instrucción numero 7 de San Javier (Murcia), Antonio Morente, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones abiertas a raíz de una denuncia del grupo municipal socialista en la localidad marmenorense contra el alcalde, Anastasio Bastida y 5 de sus ediles.

También archiva las diligencias contra dos empresarios, el interventor y la secretaria municipales y la hija del primer edil, todos ellos investigados, como desde diciembre se denomina a los imputados, desde el pasado 12 de febrero.

El PSEOE se querelló por prevaricación contra el equipo de Gobierno por convocar un procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de las obras de rehabilitación del muelle de la Pescadería, en el mar Menor.

Al procedimiento se presentaron las empresas Tecopsa, Undinter y Aitana y el juez apreció en febrero indicios de delito en la escasa diferencia de precio de las ofertas y en la vinculación de la adjudicataria, Tecopsa, con las otras, pues uno de los empresarios investigados era apoderado mancomunado solidario de Tecopsa y administrador único de Aitana, y el otro, administrador único de Tecopsa y solidario de Urdinter.

Ahora, tras las pruebas testificales, el juez recuerda respecto a la posibilidad de llamar a unas empresas determinadas que la legislación solo establece un número mínimo y "permite incluso cierto grado de vinculación entre ellas".

"En base a la prueba practicada, no puede considerarse que entre las mercantiles exista un grado de vinculación tal que suponga que en realidad solo se llamó a una sola empresa y es factible que se invite a firmas vinculadas siempre que se evite la presentación de ofertas temerarias", señala el auto de ayer.

Respecto a la escasa diferencia de precios entre las distintas ofertas, indica ahora que "se trata de una circunstancia normal en los procedimientos de contratación administrativa".

En cuanto a la contratación una hija del alcalde por la adjudicataria de las obras unos días antes de conseguir las obras, indica que fue una "coincidencia" y que "si hubiese sido en contraprestación de un trato de favor, el contrato habría sido indefinido o por un sueldo considerable, y no de formación por unos 1.000 euros al mes".

Desde el grupo municipal socialista han señalado que "el juez confirma los extremos denunciados, pero no aprecia delito, aunque deja abierta la posibilidad de actuar judicialmente por la vía de lo contencioso-administrativo".

Esto es así, aducen, porque "en la investigación se pone de manifiesto que el concurso se adjudicó a la empresa que contrató a la hija del alcalde sin que tras la apertura de las ofertas se diera la oportunidad a las otras dos a mejorarlas en una segunda ronda de negociación".

Contra este auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, que el PSOE estudiará con su defensa el lunes próximo si lo interpone o no, lo que no quita para que siga apreciando responsabilidades políticas y exigiendo la dimisión del alcalde y cinco de los concejales de su equipo de Gobierno.

Con todo, indica que la "instrucción judicial ha resultado ejemplar, ya que el juez ha investigado todos los hechos con detalle y ha practicado interrogatorios eficaces que han permitido confirmar los hechos que motivaron" la denuncia del PSOE.