Incumplimiento

La Unión, Totana y Mazarrón, 200 días 'pasando' de la Defensora del Pueblo

Todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar y remitir la información solicitada - En el caso contrario, la Defensora puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según prevé la ley

12.04.2016 | 19:14

Dieciocho ayuntamientos españoles, entre ellos los de La Unión, Totana y Mazarrón, incumplen el deber de colaborar con la Defensora del Pueblo y llevan más de cien días sin contestar requerimientos diversos de la institución -más del doble en el caso de los murcianos, 271, 216 y 201, respectivamente-, y cuatro superan el año.

Estos últimos son Barruelo de Santullán, en Palencia (522 días); Arenys de Mar, en Barcelona (427), La Pola de Gordón, en León (371), y Gerindote, en Toledo (368), según ha explicado hoy la defensora del pueblo, Soledad Becerril, en el pleno del Senado.

En el caso de Barruelo de Santullán (Palencia) llega a los 203 días en otra cuestión.

Entre los doscientos días y el año de tardanza están Yeste, en Albacete (323 días): Molvízar, en Granada (308); Santa María del Páramo, en León (295): La Unión (271); Colmenar de Oreja, en Madrid (258): Montemayor del Río, en Salamanca (216); Pola de Allande, en Asturias (216); Totana (216); Cadaqués, en Gerona (215); El Viso de San Juan, en Toledo (215 días en dos casos), y Mazarrón (201 en dos casos).

Más de 150 días están tardando en responder Mestanza, en Ciudad Real (180); Macael, en Almería (165), y Nerja, en Málaga (186 días en un caso y 137 en otro).

La institución considera a todos estos consistorios "administraciones no colaboradoras", tras haberles enviado  requerimientos en tres ocasiones.

La Administración General del Estado no tiene, a fecha de hoy, ningún departamento "no colaborador".

Todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar y remitir la información solicitada. En el caso contrario, la Defensora puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según prevé la ley.

Así lo hizo a principios de año principios de año en relación con la actitud "no colaboradora" del Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona), después de que no atendiera tres requerimientos escritos y tres llamadas telefónicas para cumplir la ley sobre el uso de la bandera de España y otras en los edificios oficiales.

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