El ayuntamiento de Lorca ha sido condenado a devolver 1,3 millones de euros a los promotores de un convenio urbanístico firmado hace diez años que no ha llegado a desarrollarse y que adelantaron ese dinero a cuenta en el momento de la firma. El consistorio suma ya siete sentencias judiciales condenatorias que le obligan a devolver a promotores urbanísticos 5,2 millones de euros que éstos le adelantaron como fianza hace una década a la firma de convenios urbanísticos para construir miles de viviendas que no han llegado a ejecutarse.
Fulgencio Gil, concejal de Economía y Hacienda, señala que esta última sentencia corresponde a un convenio urbanístico fallido con el que los promotores perseguían construir 9.360 viviendas sobre unos terrenos de 5,2 millones de metros cuadrados en la pedanía de Avilés. Este convenio forma parte de un paquete de 17 que fueron suscritos en un pleno municipal en 2005 para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano (SIDU) en el que construir 86.302 viviendas.
De todos ellos, aprobados con la mayoría absoluta del PSOE que entonces gobernaba el consistorio y el rechazo de PP e IU, ninguno ha llegado a desarrollarse, recordó Gil que ha señalado que hasta el momento el Consistorio ya ha pagado a promotores 1,5 millones por sentencias condenatorias y tiene pendientes de pago otros 3,6 millones que abonará en plazos.
Los convenios volvieron al primer plano de la actualidad en 2013 después de que los promotores urbanísticos empezaran a reclamar por la vía judicial al ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza (un 40 por ciento del total) a la firma del acuerdo.
El Ayuntamiento recibió unos 12,5 millones de euros en ese momento pero incumplió una cláusula de los acuerdos que le obligaba a resolver todos los trámites urbanísticos en un plazo de tres años y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma de los intereses y de las costas judiciales.
Esa suma total podría alcanzar los 16 millones de euros, ha aventurado Gil, que ha citado el acta del pleno de julio de 2005 en la que el actual alcalde, Francisco Jódar, entonces jefe de la oposición advertía del «uso abusivo» de la figura de los convenios urbanísticos y de que «podrían generar dificultades para las corporaciones futuras», como ahora sucede.
520 euros por cada familia
Para el consistorio la devolución de este dinero supone «una losa» para la economía municipal que se está «viendo comprometida» por la «purga de los excesos de la etapa peor gestionada del Ayuntamiento de Lorca», ha argumentado el concejal del PP.
Gil añadía que «la fiesta» de los convenios va a costar unos 520 euros a cada familia lorquina. Y es que solo los intereses de demora y las costas judiciales de la última sentencia suman 220.300 euros, el equivalente a la partida en ayudas de los Servicios Sociales municipales durante un trimestre, ha puesto como ejemplo Gil.
