Pendientes de la protección del entorno del Santuario de la Fuensanta

En concreto, detalla que «la pretensión de conservación del patrimonio cultural estaba presente en las actuaciones iniciadas tras la formulación de una queja por una asociación para la conservación de la Huerta de Murcia, que exponía que había procedido a presentar ante la Dirección General de Bienes Culturales de la Administración regional de Murcia una solicitud para el establecimiento de un entorno de protección para el Santuario de la Fuensanta en Murcia, monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), dada la necesidad de la existencia de dicho entorno de protección para el BIC, conforme a la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».

Recuerda el organismo que «se indicaba que la señalada dirección general emitió acuse de recibo de la solicitud, comunicando que de acuerdo con lo previsto en esa ley, el plazo máximo normativamente establecido para la adopción del acuerdo de iniciación del procedimiento para el establecimiento del entorno de protección del BIC del Santuario de la Fuensanta era de seis meses».

Seis meses, en concreto, «a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de dicha Administración, es decir, desde el pasado 10 de mayo de 2016».

«En dicha notificación se comunicaba igualmente que, en caso de que no recaiga resolución expresa en el plazo indicado, se entenderá que el procedimiento se ha iniciado». Es decir, que la institución que defiende a los ciudadanos da por hecho que así es.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo «sugiere» en su informe al Ayuntamiento de Murcia «que inicie el procedimiento para la designación de miembros en representación de las asociaciones ecologistas y medioambientales de ámbito local, en el Consejo Social de Murcia, conforme a su reglamento orgánico».

Y es que se da la circunstancia de que la Alcaldía, dirigida por José Ballesta, «no ha procedido a la designación de los representantes pese a que el reglamento establece la participación de dichas asociaciones en el consejo con carácter preceptivo y a que la participación pública en materia de medio ambiente tiene una protección específica y reforzada».

Un total de 729 quejas, con sus correspondientes expedientes, tramitó en el año 2017 en la Región de Murcia el Defensor del pueblo. De ellas, 159 estaban relacionadas con la función y el empleo público, 143 con asuntos de Interior y 61 con la Administración de Justicia.

Asimismo, se registraron 49 casos sobre el medio ambiente, 41 sobre actividad económica y 34 sobre educación. El mismo número, 34, fueron las consultas sobre impuestos. De empleo y Seguridad Social, 33. Sobre política social hubo 28 reclamaciones. Relacionados con la Administración local, 24 expedientes más. El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.