El Consejo Jurídico de la Región de Murcia señala en un dictamen emitido a petición de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que procede abonar 6.700 euros a una mujer dependiente porque tardó 47 meses en reconocerle esa situación, cuando el plazo en el que debía responder era solo de seis meses.
El informe del organismo que preside Antonio Gómez-Fayrén dictamina desfavorablemente la propuesta hecha por el instructor del expediente que fue abierto en la citada Consejería, que era partidario de que se desestimara la demanda que por responsabilidad patrimonial formuló la afectada.
Por el contrario, para este órgano consultivo de la administración regional en este caso se dan todos los requisitos necesarios para que surja la relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el anormal funcionamiento del servicio público.
Señala el Consejo Jurídico de la Región de Murcia que la cantidad que aconseja abonar es de 6.700 euros, por ser la que considera que procede y porque la peticionaria no la cuestionó en el trámite de audiencia, aunque inicialmente había reclamado 9.200 euros. Y añade que la Administración regional tardó más de 47 meses en resolver un procedimiento para el que disponía de seis meses de plazo, «sin que se aprecie, además, la concurrencia de causas o razones que pudieran justificar las dilaciones y los retrasos que se produjeron».
El dictamen indica que la peticionaria no estaba obligada a sufrir los efectos de esas dilaciones, por lo que tiene derecho a ser indemnizada.
Esa indemnización corresponde a los perjuicios que sufrió porque debido a los retrasos se vio afectada por el cambio de la normativa de la dependencia, que pasó a ser más restrictiva que cuando presentó su solicitud.
