La situación que viven los municipios en los que se proyectaron urbanizaciones que nunca llegaron a construirse o que se construyeron pero permanecen prácticamente vacías a la espera de encontrar compradores dispuestos a invertir se produjo como consecuencia de las expectativas creadas por la Ley del Suelo de 2001, que permitía soñar con ser millonaria a cualquier familia que dispusiera de terrenos para vender. La reforma, que se basaba a su vez en la Ley del Suelo estatal, permitía edificar en cualquier terreno que no estuviera expresamente protegido. La recalificación urbanística se convirtió en la mayor aspiración de los propietarios, que arrancaban los árboles en zonas dotadas incluso de caudales del Trasvase para edificar. Sin embargo, cuando la demanda de suelo desapareció, muchos se encontraron con que los ayuntamientos les empezaron a cobrar el IBI al mismo precio que en los núcleos urbanos, a pesar de que en sus tierras no había llegado la esperada urbanización.
