El Tribunal de Cuentas considera que el elevado importe de las modificaciones presupuestarias de las universidades públicas pone de manifiesto la necesidad de elaborar con "rigor" sus presupuestos antes del comienzo de cada ejercicio, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora.
Murcia modificó en un 33 % las cuentas para la UMU y UPCT mientras que la media nacional fue del 29%. Sin embargo, la Región fue una de las pocas que ha finales de 2014 tenía un remanente de tesorería.
Así consta en el Informe Global del Sector Público Autonómico del ejercicio de 2014, presentado hoy en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas por el presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda.
Los compromisos de gastos para ejercicios futuros adquiridos por las comunidades a 31 de diciembre de 2014 fueron en la Región de Murcia 986 millones de euros para 2015; 1.117 millones para 2016; 1.185 millones para 2017 y 5.675 para 2018. En total estos gastos alcanzan los 8.965 millones de euros, según los datos recogidos por el Tribunal de Cuentas.
Según este informe, las modificaciones presupuestarias de las universidades públicas supusieron en 2014 un incremento del 29 % sobre los créditos iniciales aprobados, equivalente a 2.378 millones de euros, lo que demuestra que es preciso elaborar los presupuestos con más rigor.
Por encima de esa media están las modificaciones de los créditos iniciales de las universidades de la Comunidad Valenciana (41 %), Andalucía (45 %), Murcia (33%), Extremadura (34 %), y Cataluña (43 %).
A juicio del Tribunal de Cuentas, lo idóneo sería que las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales fueran las menos posibles y, en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.
Entre las que presentan unos mayores gastos de funcionamiento, destacan las universidades de Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, ya que son las que disponen de más centros universitarios.
También recoge el informe datos sobre los compromisos de gasto de las comunidades para los ejercicios posteriores al fiscalizado, apartado en el que destacan Cataluña y la Comunidad Valenciana.
De hecho, para el 2018 y siguientes Cataluña figura con compromisos de gasto de 73.875 millones, mientras que la Comunidad Valenciana aparece con 25.956 millones, seguidas de Andalucía, con 25.220 millones.
Todas las comunidades tenían a finales de 2014 remanentes de tesorería negativo, a excepción de Canarias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Asturias y Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Los importes negativos indican que los recursos líquidos y los derechos de cobro liquidables a corto plazo no son suficientes para hacer frente a las deudas a corto plazo, situación financiera que debe corregirse, avisa el órgano fiscalizador.
