Dos de los investigados en la operación César, de presunta corrupción en el tramo de las obras del AVE comprendido entre Crevillente y Murcia, han recusado a la juez que investiga los hechos, al considerar que ha perdido su imparcialidad y que retiene la causa sin justificación alguna.
Se trata del ingeniero agrónomo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) José Manuel Fernández Pujante y de su hermano, Antonio José Fernández Pujante, señalado por otro de los investigados, el subcontratista de las obras, Juan Ortín, como beneficiarios, presuntamente, de comisiones ilegales que él mismo habría entregado personalmente al segundo.
En un recurso que su abogado defensor, el letrado Antonio García Montes, ha entregado en el Juzgado de Instrucción, se pide a su titular, la magistrada Olga Reverte, que se inhiba en favor de los Juzgados de Orihuela, por ser en esta población alicantina donde se realizaron las obras de reposición de redes hidráulicas afectadas por el trazado del AVE.
Sobre ese extremo, expone que en noviembre pasado admitió a trámite la solicitud de inhibición planteada por el abogado defensor de otro investigado, sin que lo haya resuelto todavía.
El escrito añade que caso de que la magistrada, de forma voluntaria, no se desprenda de la causa, que se tramite la recusación que formalmente se contiene en el mismo.
El documento señala que la propia juez habría reconocido que no era competente para seguir con la tramitación de la causa en unos comentarios que vertió momentos antes de tomar declaración, recientemente, a uno de los investigados. Esos supuestos comentarios, se dice en el escrito, habrían sido escuchados por el letrado de los hermanos Fernández Pujante y por los letrados de otros dos investigados.
