Cuatro personas a las que «se les ha quitado» la incapacidad permanente y el letrado que las representa han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Tribunal Supremo a tres magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por prevaricación.
Según el abogado que ha interpuesto la querella, los tres jueces se caracterizan por su «ánimo de no conceder pensiones de incapacidad permanente», algo que este letrado achaca a que «por los recortes, no se conceden». Además, las resoluciones de los magistrados revocan sentencias de los juzgados de lo Social, con unos modos que el letrado denunciante considera «prohibidos». «Si el juez de lo Social dice que yo tengo movilidad limitada, ellos no pueden decir que no la tengo, porque les está prohibido legalmente», aseveró el letrado.
El Poder Judicial ha procedido a incoar la diligencia informativa (según confirma un documento fechado el 8 de noviembre) y ahora decidirá si expedienta a los magistrados, siempre tras escuchar sus argumentos. En cuanto al Tribunal Supremo, el denunciante dijo que espera que dé traslado al Ministerio Fiscal para ver si se abre causa contra ellos.
«Estamos ante unos magistrados que de manera conjunta han llegado al acuerdo, expreso o tácito, de dictar sentencias cuya única intención es que no se concedan incapacidades permanentes en la Región de Murcia», se lee en la querella al Supremo, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN.
«Creí que me tenían manía»
Los querellados «desde el año 2012 han revocado todas las sentencias estimatorias de Seguridad Social en la que ha sido parte este letrado, y, por lo que me dicen los compañeros, a ellos también les ocurre lo mismo», se lee en la querella. «Alguno me decía: ´creía que me tenían manía a mí, pero me alegra saber que es a todos´», prosigue la querella interpuesta.
Entre las incapacidades que han revocado estos magistrados se encuentra la de una cocinera que sufría «trastorno de personalidad, abuso de alcohol en remisión temprana y episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos», entre otras dolencias. Uno de los magistrados denunciados consideró en su fallo que «no se acredita, por el momento, que las mismas le impidan el desempeño de cualquier actividad laboral».
También está el caso de un camionero al que, tras un accidente en el que sufrió quemaduras de segundo grado en la cara, el cuello y la rodilla, se le diagnosticó un «trastorno neurótico-depresivo». La Seguridad Social lo declaró en situación de incapacidad permanente total, y un año después, tras una revisión, se revoca esto, «por mejoría». El magistrado, en este caso, cree que «el trastorno ansioso depresivo no es determinante de incapacidad permanente por sí solo», y que los fármacos que toma el afectado (Diazepan, Noctamid, Seroquel, Fluoxitina y Trankimacin) «no está probado que le impidan conducir».
