La consejera de Cultura, Noelia Arroyo, dijo ayer que a pesar de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha emitido facturas a las federaciones deportivas regionales por la atención sanitaria de asociados cubiertos por seguros privados, no se les ha cobrado nada a las entidades federativas. Estas afirmaciones fueron rebatidas en el pleno de control al Gobierno en la Asamblea Regional de Murcia por el diputado socialista Alfonso Martínez Baños, que esgrimió el justificante de pago de la federación de patinaje a la consejería de Sanidad por la asistencia a una deportista lesionada en una competición. «No se ha cobrado un euro a ninguna federación, pero me llevaré la factura y el justificante de pago y lo comprobaré», contestó Arroyo tras la intervención de Martínez.

La consejera responsable de deportes achacó que el SMS esté emitiendo facturas pero no las cobre al «tortuoso» desarrollo de la Ley de la Actividad Física y el Deporte aprobada en marzo de 2015, cuyo artículo 78 garantiza la cobertura sanitaria pública de los 96.000 inscritos en las 64 federaciones regionales. Esta norma, apuntó, entra en contradicción con la ley estatal, que estipula que las aseguradoras de las federaciones cubran estos gastos, y la aplicación «directa» de la norma regional provocaría un «menoscabo» para las arcas públicas y un «enriquecimiento» de las compañías privadas.

Por otro lado, el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, ha señalado que el centro de la Agencia Estatal de Meteorología en Guadalupe, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Guardia Civil han desacreditado que sea efectivo el uso de los cohetes y avionetas antigranizo. Achacó a la sequía que haya aumentado la «alarma social» por este asunto entre los agricultores, sobre todo en las zonas de secano, pero pidió que no se fomenten «rumores» y se trasladen al sector los numerosos informes científicos que refuerzan la ineficacia de esas prácticas ilegales.

La diputada de Podemos María Giménez denunció que empresas de cáterin que han sido expedientadas en otras comunidades acaparan el 55% del servicio de comedores escolares en centros públicos murcianos y criticó que la consejería de Educación prime la oferta más baja, lo que repercute en la calidad de los alimentos. Estas acusaciones fueron rechazadas por la consejera, María Isabel Sánchez Mora, que acusó de «demagoga» a la parlamentaria de la formación morada y aseguró que las empresas están cumpliendo las condiciones de los pliegos de contratación del servicio.