El Tribunal de Cuentas ha rechazado el recurso de la empresa pública Desaladora de Escombreras y ha abierto un causa judicial para averiguar quiénes son los responsables de las pérdidas causadas por la desaladora de Escombreras en las arcas regionales, ante los indicios de un posible delito de alcance.
La Sección de Enjuiciamiento ha hecho público hoy el auto con el que se ponen en marcha las diligencias para determinar el perjuicio contable que las empresas públicas creadas por la Comunidad Autónoma para gestionar la venta de agua desalada ha ocasionado a las arcas regional, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que contempla incluso el embargo del patrimonio de los causantes.
El citado artículo prevé incluso la posibilidad de remitir la causa a los tribunales ordinarios, "si hubiese indicios de responsabilidad criminal, salvo que conste haberse hecho en las diligencias preventivas».
Dos juzgados de Murcia están estudiando en este momento los contratos y las cuentas de la gestión de la desaladora, desde queel Ente Público del Agua firmó los contratos con las empresas del grupo ACS promotoras de la planta a principios de 2010.
El auto establece además el nombramiento de un juez instructor
La notificación del auto del Tribunal de Cuentas se ha producido apenas dos días después del despliegue de la Guardia Civil ordenado por la Fiscalía para tomar muestras del cajón de captación y de los caudales que suministra la desaladora con el fin de determinar si son aptos para el consumo humano. También la Asamblea Regional investiga las cuentas y la gestión de la planta.
El Tribunal de Cuentas abrió una investigación hace casi un año, al recibir los informes de la Intervención General de la Comunidad, en los que se planteaba un posible delito de alcance (perjuicio contable a las arcas regionales) y la conveniencia de exigir responsabilidades patrimoniales a los causantes, como consecuencia de las pérdidas generadas por las empresas que creó el desaparecido entre Público del Agua de la consejería de Agricultura para gestionar la venta de los caudales desalados.
La investigación quedó suspendida el pasado mes de enero a petición de la Fiscalía. Las diligencias se reabrieron en abril, tras hacerse público el informe correspondiente a la fiscalización de las cuentas de la Comunidad del año 2013.
Tras la publicación de este informe, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dio un paso más y abrió diligencias, lo que ha llevado a la Sala de Enjuiciamiento a poner en marcha un procedimiento judicial por responsabilidad contable.
En el informe que ha dado pie a la apertura de la causa se recuerda que la empresa pública Desaladora de Escombreras debería haber sido disuelta debido a las pérdidas que arrastra y se apunta que «la situación patrimonial y financiera de la sociedad no va a experimentar cambios significativos que justifiquen su mantenimiento. No va a presentar variaciones importantes, puesto que las obligaciones de pago y compromisos asumidos por Desaladora de Escombreras en los contratos de arrendamiento, operación y mantenimiento antes señalados son muy superiores a la cifra de negocio alcanzada por la sociedad, a no ser que los precios de venta fuesen incrementados significativamente repercutiendo dicho aumento sobre los consumidores finales».
El informe añadía que ante las pérdidas registradas en 2013, que ascendieron a unos 13 millones de euros, «la insostenible situación financiera vuelve a determinar, como se ha señalado anteriormente, que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en el art. 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital».
Desde hace años el Tribunal de Cuentas ha venido requiriendo a la Comunidad la disolución de la empresa desaladora de Escombreras, pero el Gobierno regional retrasa el cumplimiento de estas indicaciones y aduce en sus alegaciones que tendría «efectos catastróficos».
El informe precisa que la desaladora ha costado ya a la Comunidad Autónoma 90 millones de euros, a pesar del escaso volumen de agua suministrado con anterioridad a 2015. De esta cantidad, 72 millones corresponden a transferencias y 18 millones, a «la restitución de los desequilibrios particulares».
Añade que el contrato suscrito con la compañía del grupo ACS propietaria de la planta, Hydro Management, elevaban las obligaciones contractuales derivadas del contrato de arrendamiento a 445.559 millones», como consecuencia de la cláusula que establece el pago por adelantado de los 25 años de alquiler en caso de rescisión.
