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Los economistas tachan de arbitrario y poco transparente el reparto de la financiación autonómica

Un informe del Consejo General de Colegios destaca que el sistema relega a la Región al duodécimo puesto y no se ajusta a las necesidades de gasto

15.06.2016 | 04:00
Los economistas tachan de arbitrario y poco transparente el reparto de la financiación autonómica

El sistema de reparto de la financiación autonómica resulta «muy poco transparente y arbitrario», según un informe que ayer dio a conocer el Consejo General de Economistas, que preside Valentín Pich. El estudio, que ofrece catorce propuestas para el nuevo modelo que debe elaborar el futuro Gobierno, destaca que la distribución de los recursos entre comunidades no se explica por sus necesidades de gasto ni tampoco por su recaudación fiscal, lo que hace que la Región pase del undécimo puesto que tiene asignado al duodécimo. Entre sus propuestas incluyen la revisión del «concepto de población ajustada» para atender las necesidades reales de las autonomías.

El informe del Consejo General de los Economistas destaca que los recursos globales son insuficientes para atender los gastos transferidos y no cumplen con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las comunidades tienen amplia capacidad normativa en muchos tributos, ya que el 75% de sus ingresos tributarios alimentan el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que luego se reparte entre todos.

Añade que la cesta de tributos cedidos no es coherente con una tributación global de la riqueza, porque algunos están obsoletos y los tributos propios tienen una regulación caótica.

Los economistas proponen que la reforma del sistema de financiación defina el nivel de gasto para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.

«La reforma ha de partir de un acuerdo acerca de cuál ha de ser el volumen total de recursos que el Estado está dispuesto a poner a disposición del sistema, pero teniendo en cuenta que, como todo parece indicar, deberá inyectar más recursos porque, desde la última reforma del sistema, el gasto sanitario ha aumentado, entre otros factores, por el incremento de la demanda debido al envejecimiento de la población y a la creciente sofisticación de la medicina, y también se ha incrementado, aunque en menor medida, el gasto en educación».

También consideran necesario cuantificar, según el grado de riqueza e índice de desarrollo –y a igualdad de esfuerzo fiscal–, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada autonomía. Defienden además la revisión del concepto de población ajustada para reflejar mejor «el principio de necesidad, base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad y la cesta de tributos cedidos».

Piden reformas normativas, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las comunidades «amplias capacidades normativas». Rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada autonomía aporta al Fondo de Garantía de Servicio, para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal. Los economistas plantean eliminar el resto de fondos y aportar los recursos del Estado que los nutren a uno único, para conseguir mayor transparencia.

Respetar el principio de ordinalidad y reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones son otras de sus sugerencias.

Los expertos consideran que el Gobierno que negocie el próximo sistema de financiación, dada la escasez de nuevos recursos, puede utilizar el FLA y proponer su condonación o liberación de las obligaciones a las comunidades que acepten el nuevo modelo como incentivo.

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