Crédito

La Comunidad pide al TSJ que ejecute el fallo del aval de Corvera para cobrar los 182 millones

Aeromur ha recurrido al Supremo, pero el Ejecutivo no quiere seguir esperando para recuperar el dinero

02.06.2016 | 00:28
La Comunidad pide al TSJ que ejecute el fallo del aval de Corvera para cobrar los 182 millones

La Comunidad Autónoma ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Región que ejecute la sentencia que obliga a Aeromur a devolver el aval del aeropuerto con el fin de recuperar los 182 millones del crédito que asumió en diciembre de 2013. La compañía liderada por Sacyr que perdió la concesión del aeropuerto ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de lo Contencioso que le dio la razón a la Comunidad, pero la Administración regional trata de recuperar cuanto antes el dinero del crédito al que tuvo que hacer frente como avalista.

Si el TSJ admite la petición del Gobierno regional, la Comunidad se vería liberada del pago de los intereses de este crédito, que cuesta unos 15.000 euros diarios en intereses. Cuando la Administración regional asumió el préstamo la factura financiera ascendía a casi 22.000 euros diarios, pero después ha podido rebajarla gracias a los créditos del ICO a bajo interés que le permitieron amortizar parte de la deuda por adelantado.

En cualquier caso, si los magistrados de la Sala de lo Contencioso no accedieran a la petición del Ejecutivo, el coste financiero del aval se cargaría en la liquidación de cuentas que deberán hacer la Comunidad y Aeromur para cerrar definitivamente el rosario de litigios que mantienen desde hace años. La diferencia es que, como la liquidación también acabará previsiblemente en los tribunales, la recuperación del dinero que ha costado el aeropuerto a la Comunidad se retrasaría durante varios años más.

Aeromur ha tratado de responsabilizar a la Comunidad Autónoma de los retrasos en la apertura del aeropuerto, pero el TSJ ha concluido que fue el incumplimiento de la entonces concesionaria lo que «dio lugar a la ejecución del aval prestado por la Comunidad Autónoma» y a que el aeropuerto siga sin funcionar, mientras que la Comunidad «paga la deuda, circunstancia que a juicio de esta Sala justifica sobradamente la incautación de la garantía total». El aeropuerto está terminado desde enero de 2012.

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