La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que daba a conocer esta semana el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, ha permitido al Ejecutivo ganar dos de los tres pleitos con Aeromur, conocidos en los Servicios Jurídicos de la Comunidad como 'las tres erres'. Se trata de los litigios entablados por la sociedad que tuvo la concesión del aeropuerto para conseguir el reequilibrio del contrato mediante un crédito participativo que permitiera a la adjudicataria absorber las pérdidas esperadas en los primeros años de explotación, contra la rescisión y contra la restitución de los 182 millones del aval ejecutado en diciembre de 2013, que ha obligado a la Comunidad a pagar los intereses generados desde entonces. La compañía liderada por Sacyr ha interpuesto en total una decena de recursos contra las decisiones adoptadas por la Comunidad, incluidas las sanciones por el retraso en la ejecución de las obras, que el Tribunal de Cuentas consideró demasiado blandas.
El aeropuerto está acabado desde enero de 2012, pero la compañía fue dilatando la entrega de las instalaciones hasta que en septiembre de 2013 el Consejo de Gobierno aprobó la resolución del contrato, contando con un informe favorable del Consejo Jurídico.
El pasado mes de octubre la Sala de lo Contencioso del TSJ dio por buena la rescisión del contrato, mientras que ahora ha reconocido el derecho de la Comunidad a exigir la restitución de los 182 millones que avaló a Aeromur en 2010, cuando la sociedad no encontraba ningún banco que le prestara el dinero necesario para financiar las obras y acabar el aeropuerto.
A pesar de que los jueces han dado por buena la decisión del Ejecutivo de rescindir la concesión a Aeromur y le permiten reclamarle garantías bancarias para cubrir los 182 millones del aval, todavía no se han pronunciado por el primero de los pleitos de 'las erres' que se planteó, el del reequilibrio del contrato. Sin embargo, el Ejecutivo tiene claro que, a la vista de los dos fallos anteriores, no tendría sentido admitir las exigencias de mejora planteadas por Aeromur.
Por otra parte, las dos sentencias conocidas hasta ahora abren la puerta al Gobierno para exigir compensaciones a Aeromur por el incumplimiento del contrato que supuso el retraso en la entrega de la obra y reclamarle los daños y perjuicios ocasionados al no poder disponer del aeropuerto.
Los jueces también han fallado en las últimas semanas a favor de la incautación del aval de unos siete millones de euros que había aportado la concesionaria cuando consiguió el contrato, una cantidad que la Administración Regional podrá utilizar para cobrarse los perjuicios que le ha causado el largo contencioso con Aeromur y, sobre todo, los intereses del aval de 182 millones, que cuesta casi ocho millones de euros anuales.
Los gastos que han sufragado cada una de las partes tendrán que ser incluidos en la liquidación que se dispone a negociar ahora el consejero de Fomento con la dirección de Sacyr, el accionista principal de Aeromur.
El Gobierno está a la espera ahora de que la Sala de lo Contencioso le entregue la posesión del aeropuerto y le permita conseguir la llave de las instalaciones, que sigue en poder de Aeromur. La Sala de lo Contencioso del TSJ adoptó esta decisión en octubre de 2013, al considerar que si el aeropuerto debía permanecer cerrado, era mejor que la empresa constructora se hiciera cargo de su mantenimiento y conservación.
