Jueces y fiscales tanto de la Región como del resto de España mostraron sus quejas incluso antes de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrase en vigor, y ahora, cuando está a punto de cumplirse un mes desde su puesta en marcha, alertan de una de las consecuencias que, en su opinión, la norma podría acarrear.
Así, juristas temen que, con la nueva ley, las pruebas no lleguen a los juicios. Desde los juzgados explican que, con la limitación de los plazos de instrucción que exige la normativa, no habrá tiempo de «profundizar» lo suficiente en las investigaciones. De esto, que podría generar el caos, se beneficiarían las personas investigadas.
Informes y resultados forenses, por ejemplo, pueden tardar meses. Incluso años. Y se trata de documentos imprescindibles, en demasiadas ocasiones, a la hora de esclarecer un procedimiento.
«Todas las asociaciones fiscales y judiciales están en contra de la limitación de plazos», destacan fuentes jurídicas de la Región de Murcia.
La norma establece límites para la instrucción judicial. En concreto, prevé un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de las causas más sencillas, y de 18 para las más complejas. Si para entonces el Ministerio Público no tiene cerrado el asunto para seguir adelante, la causa será archivada.
Eso sí, los fiscales tienen la posibilidad de pedir una ampliación de plazo. En casos excepcionales, las partes pueden solicitar también la ampliación, cosa que no puede pedir el juez de instrucción. El Gobierno de Mariano Rajoy hizo caso omiso a las innumerables solicitudes que tenía por parte de juristas para que la derogase o, en su defecto, retrasase su puesta en marcha hasta que los juzgados, saturadísimos, contasen con más medios.
«Lo que intenta es muy loable»
El presidente del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano, considera que no tienen por qué perderse pruebas si todos los agentes implicados en la investigación se ponen las pilas.
A su juicio, «lo que intenta la ley es algo muy loable», ya que «hay procedimientos que están durando muchísimo tiempo».
En este sentido, Martínez Escribano aseveró que «lo que está demandando la sociedad es una justicia rápida».
«Si el problema es que una prueba pueda no practicarse en sus periodos, fiscales, abogados, juristas, policías y otros peritos tendremos que ir mucho más rápido», apostilló al respecto.
Para Martínez Escribano, «no se puede estar dilatando investigaciones en el tiempo con el pretexto de que hay falta de medios». «Juristas y fiscales insisten en que son plazos muy cortos. Pero también lo son para nosotros, los abogados, que defendemos, pero a veces también acusamos», indicó.
A este respecto, Francisco Martínez Escribano apostó por «un esfuerzo de todos» con el fin de que «los plazos no supongan en modo alguno pérdida de pruebas». «Hacen falta más medios, sin ninguna duda, pero también más rapidez», manifestó el presidente del Colegio.
«Sin medios, es papel mojado»
Por su parte, la coordinadora de Jueces para la Democracia en Murcia, Concha Roig, subrayó que esta ley «va a quedar en papel mojado, como todas las reformas» en el caso de que no se dote a la administración de Justicia de los medios necesarios para actuar con celeridad.
Así, Roig recalcó que «que la instrucción tenga un plazo no es algo malo, lo que pasa es que no se puede empezar la casa por el tejado». En este sentido, hizo hincapié en que, antes de legislar, «lo primero es dotar a los fiscales de medios».
Acerca de la posibilidad de que puedan llegar a perderse pruebas debido a los plazos, Concha Roig apuntó que «las pruebas sí pueden llegar, si el juez de instrucción desde un principio declara la causa compleja. Así el plazo podría alargarse de antemano».
«El problema surge cuando tú, por ejemplo, tienes que pedir un análisis de ADN. Habría que determinar muy bien en esos casos el tiempo que los organismo que tengan que mandar las pruebas tardan en elaborar el análisis», explicó.
La coordinadora de Jueces para la Democracia en Murcia apostilló que habría que preguntarse «si hace falta sacar plazas de funcionarios en los organismos que hacen las pruebas de ADN». A su juicio, «si se dan los medios necesarios para dar una respuestas rápida, no habría problema. Pero, sin medios, esta reforma está de por sí abocada al fracaso. Tú no puedes construir un edificio de paja».
