El juez exculpa a Cámara del caso Umbra, pero le abre un nuevo frente

El instructor considera que el exalcalde de Murcia no se implicó tanto en los convenios de la zona norte como con el de Nueva Condomina, causa por la que continúa imputado Crea una nueva pieza separada para investigar la compra de unos terrenos de sus suegros en Baños y Mendigo

28.11.2015 | 00:27

Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia entre 1995 y 2015, no tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por la planificación urbanística en la zona norte de Murcia. El juez instructor del llamado caso Umbra, David Castillejos, dictó ayer un auto de procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral, contra 18 imputados, entre los que se encuentran el exconcejal Fernando Berberena; el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos; el ingeniero Renato del Noce y el antiguo jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver. A los imputados que quedan se les acusa de 46 delitos como cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

En cambio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, que investiga desde 2008 la presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Murcia, ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Miguel Ángel Cámara en relación con los convenios firmados en 2005 y 2006, aunque el exalcalde continúa imputado por la pieza separada del caso Umbra que el juez abrió para investigar el acuerdo que posibilitó la construcción del estadio Nueva Condomina, que también afecta al presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

Además, a Miguel Ángel Cámara se le abre otro frente judicial. En el auto de procedimiento abreviado dictado ayer, el juez David Castillejos acuerda la creación de una nueva pieza separada, denominada 'Baños y Mendigo', que investigará si hay delito en una operación de compraventa de unos terrenos propiedad de los suegros del exalcalde por parte de una sociedad en la que tenía participación el exjefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver. El dinero de la transacción, 1,9 millones de euros, fue a parar a una cuenta bancaria del matrimonio de Cámara, según señaló el juez hace un año en el auto sobre la investigación patrimonial a la que fue sometido el antiguo regidor.

En el auto, el magistrado instructor señala que no se han encontrado indicios delictivos en el proceder del exalcalde Cámara en algunos convenios urbanísticos investigados como el del Casino, el del Teatro Circo o el de Castillo de Larache, suscritos entre 2005 y 2006. «Se entiende que su actuación en estos convenios y el del año 2001 (Nueva Condomina) difiere bastante, y ello porque no consta en estas tramitaciones contacto directo alguno con la parte privada, como sí ocurre en 2001 y anteriores con el señor Samper».

También indica el juez que «no existen documentos que acrediten la relación» de Cámara con otros imputados, con excepción del exconcejal Berberena. «Es de entender que conocía desde luego la expansión de la zona norte, que conocía la idea de rehabilitar el Casino de Murcia y el Teatro Circo, pero no se añaden otros elementos más sustanciales que incriminen al imputado», señala el auto, que añade que «los desfases del presupuesto de la obra (en el caso de la rehabilitación del Casino) o la indebida generación de honorarios eran detalles pertenecientes a un escalón más bajo en el organigrama municipal».

«No existe conexión entre posibles flujos de dinero del imputado (en referencia Miguel Ángel Cámara) y su actuar en los convenios de 2005», continúa el juez, quien destaca el diferente proceder que tuvo Cámara en el convenio de Nueva Condomina, que defendió y votó en el pleno municipal para asegurarse su aprobación, y en el resto, como en el del Casino, que no llegó a votar en el pleno del Ayuntamiento.
El auto, que no es firme y puede ser recurrido en el plazo de 30 días, declara el archivo, además de para Cámara, para los imputados Isabel Parra Frutos (esposa del abogado Higinio Pérez Mateos), José Antonio Martínez Madrid (representante de la mercantil Almenara), Sandra Díaz García (comercial de Fadesa) y Ana María López Ruiz, letrada del Servicio de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia.

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