Investigación

La acusación afirma que Bascuñana y Ortuño tenían la "obligación" de supervisar el expediente del Puerto de Mazarrón

El abogado Diego de Ramón ha pedido la imputación y el ingreso en prisión de Bascuñana y de Ortuño, actual alcalde de Yecla y diputado regional

28.10.2015 | 18:08
Joaquín Bascuñana (d), a su llegada hoy a la Ciudad de la Justicia.

El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación en la querella presentada contra el que fuera delegado de Gobierno y exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y contra el entonces director general de Transportes, Marcos Ortuño, por presuntas irregularidades en la concesión del Club Náutico Puerto de Mazarrón, ha criticado que ambos tenían la obligación de "supervisar y fiscalizar" el expediente.

En este sentido, De Ramón ha pedido la imputación y el ingreso en prisión de Bascuñana y de Ortuño, actual alcalde de Yecla y diputado regional.

Así lo ha hecho saber el letrado a los medios de comunicación durante un receso en la vista a la que habían sido citados Ortuño y Bascuñana este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.

El abogado ha lamentado que Bascuñana solo ha respondido a la jueza y a su propio abogado durante la vista, pero se ha acogido a su derecho de no contestar a la acusación. Por ejemplo, De Ramón ha preguntado a Bascuñana "si era normal que un consejero firmase algo sin leer por valor de 5,1 millones de euros".

Además, De Ramón también le ha preguntado si conocía al beneficiario y si "era normal que en menos de 48 horas se firmara una orden de la cesión de una concesión, cuyos derechos se elevan a 5,1 millones de euros". El trámite, según el abogado, se llevó a cabo en dos días, y se notificó al beneficiario "el mismo día en que el consejero la firmó".

Si esto es así, De Ramón considera irónicamente que "hay que ponerle a la Administración una medalla de oro del Ministerio de Trabajo por la celeridad del consejero y del director general".

Según De Ramón, el ex consejero ha declarado que "no conoce los expedientes que firma". Frente a ello, el letrado de la acusación le recuerda que, normalmente, un consejero "tiene una responsabilidad política, pero también una responsabilidad civil".

El abogado ha indicado que la cesión la firmó "el presidente del Club deportivo, J.M.R., que no acreditó su cargo, y la empresa Bolnuevo de Turismo". A los dos meses, recuerda que la misma persona que decía ser presidente de Club, "pasó a ser socio mayoritario de la sociedad que se adjudica la cesión con una participación superior al 50%".

Posteriormente, a los siete meses, "se amplió la concesión, y dos o tres semanas después se multiplicó por 375 por ciento de lo que estaba ajustado", según el abogado.

Lo "extraño", según De Ramón, es que una propuesta "se vea en dos días, se firme y ese mismo día se entregue al beneficiario", ya que se trata de algo que no ha visto "en 30 años de profesión".

Además, ha advertido que un funcionario, concretamente el jefe de infraestructuras, detalló en el expediente que el proyecto estaba "muy mal hecho" y que "faltaban documentos y requisitos". Mientras tanto, ha reconocido que el libro de actas y cuentas del Club Deportivo "nunca ha aparecido".

De Ramón ha lamentado que Ortuño no pidió el justificante que demostraba que los socios del Club habían aprobado la operación, a pesar de que era su "obligación". De hecho, remarca que el actual alcalde de Yecla "es abogado en ejercicio antes de acceder a la carrera política", y considera que, como director general, tenía obligación de "supervisar, vigilar y fiscalizar lo que hacen sus subordinados".

"El director general tiene el deber de examinar lo que han hecho sus subordinados, por si uno de los funcionarios comete un error, voluntario o involuntario", según el letrado. Mientras tanto, Ortuño se defiende diciendo que es un "mero tramitador", lo que para De Ramón supone "un insulto para un profesional".

"Una cesión de más de cinco millones de euros no es una mera tramitación, sino que tienes que examinar, comprobar y vigilar si está todo ajustado a derecho, porque para eso es abogado, director general de Transportes y se le paga del dinero de los murcianos, para vigilar el trabajo que hacen los funcionarios", reprocha.

Este miércoles también han sido citados a declarar como testigos dos funcionarios encargados de la redacción del informe favorable del proyecto.

Postura de la plataforma del puerto

El miembro de la Plataforma del Puerto Deportivo, Juan Baeza, ha señalado que llevan muchos años "persiguiendo las cosas fraudulentas que se han cometido".

Por ejemplo, lamenta que hay más de 5.000 metros cuadrados convertidos en locales de restauración y cafeterías, que "superan en 4.000 metros cuadrados aproximadamente los 1.200 metros cuadrados de superficie que tiene ese Puerto concedidos". Además, ha reprochado que "están construyendo segundas plantas" en algunos de esos establecimientos.

Mientras tanto, lamenta que en el Puerto "no hay un tráfico rodado que permita llevar un motor o unas baterías a un barco", algo que "no sucede en ningún otro puerto de España". Como resultado, critica que el espacio se ha convertido "en un gran centro de ocio". La "guinda del pastel", a su juicio, es que el centro de los socios "se ha convertido en un súper restaurante".

Frente a ello, recuerda que la licencia de los puertos deportivos se concede "para hacer actividades no lucrativas de fomento del deporte". En cambio, reprocha que en Mazarrón no se ve "a un solo niño con un pequeño barco" porque hasta los locales en los que tenían que estar esos barquitos "están llenos de cajas de refrescos". Pasado mañana "veremos juegos de ruletas y naipes", advierte.

Baeza lamenta que "no se persigue el bienestar de ninguno de los socios, no hay gasolina ni depósitos correspondientes para quitar las aguas negras, ni se ha hecho la recepción definitiva porque, en caso contrario, estaría implicada totalmente la Administración".

Fundamentos de la querella

La querella fue interpuesta por parte de un grupo de propietarios del puerto deportivo de Mazarrón, que acusa a Bascuñana y a Ortuño de prevaricar en los años en los que fueron consejero de Obras Públicas y director general de Puertos de la Comunidad, respectivamente.

En la querella, el abogado Diego de Ramón recuerda que J.M.R., registró un escrito de fecha 6 de octubre de 2005 en la Consejería manifestando actuar como representante legal de la entidad 'Sociedad Club Náutico Puerto de Mazarrón' y A.M.C. como legal representante de la mercantil Bolnuevo de Turismo, S.A (BOLTUSA).

En ese escrito, J.M.R., como presidente de la concesionaria Club Náutico Puerto de Mazarrón cedía la totalidad de la indicada concesión a la empresa Bolnuevo de Turismo por 160.000 euros de forma "ilegal", ya que "carecía de la debida autorización de la Asamblea General del Club, único competente para la adopción del acuerdo de cesión".

De Ramón destaca que el presidente del Club Náutico Puerto de Mazarrón pasó a ser con fecha 28 de diciembre de 2005 Administrador Único de la empresa Bolnuevo de Turismo, S.A, con más del 50 por ciento de participación en la Sociedad, esto es, sólo 2 meses y 22 días después de haber cedido la concesión como presidente del Club Náutico, que carece de ánimo de lucro a dicha mercantil.

Según el abogado, "nunca se hubiera podido llevar a cabo si el presidente del Club, hoy Administrador único de Bolnuevo de Turismo S.A (BOLTURSA), no hubiera tenido el apoyo y colaboración de las personas responsables de la Administración, debido a la connivencia, confabulación y asentimiento que constituye la prevaricación denunciada".

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