El detonante para que los miembros de la junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de la Región encargaran una auditoría sobre las cuentas y apartaran de sus cargos al presidente y al tesorero, Diego Gutiérrez y Jesús Cobarro, fue una compra no autorizada de una decena de ordenadores para poner en marcha un aula de formación. El vicepresidente y presidente en funciones, Fernando Navarro, explicó ayer a LA OPINIÓN, después de la tensa asamblea que se celebró el jueves, que «nos dimos cuenta en enero de que se había iniciado una operación para comprar ordenadores a la que los miembros de la junta nos negamos y no dimos nuestro consentimiento».
A esto se unió, según dijo, que «echamos en falta los ficheros de los colegiados, que estaban en la sede del Colegio, y nos enteramos que habían sido trasladados a un piso, propiedad del presidente, sin la debida autorización, inmueble por el que se estaban pagando unos 3.600 euros de alquiler mensuales». Según les indicaron los responsables del Colegio que han sido apartados, los documentos se habían trasladado para ser informatizados, «pero no hay constancia de que se haya hecho nada», afirmó Navarro.
Una de las enfermeras colegiadas que asistió a la reunión del jueves mostró ayer su malestar porque «ahora no nos fiamos de nadie y nos gustaría que fuera el Consejo General el que se hiciera cargo del Colegio y de sus cuentas mientras que se aclara todo». Además, dijo no entender cómo el gerente es a su vez el abogado del Colegio, «no resulta ético porque es juez y parte», aseguró.
