Los sindicatos ponen en duda la legalidad de los recortes a los funcionarios que hoy aprobará la Asamblea Regional para reducir el gasto de la Comunidad Autónoma del próximo año en 300 millones de euros y anuncian que recurrirán. La Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicaságueda Pérez puede dejar fuera de la nómina de la Administración a más de 1.500 personas, entre las cuales figuran las 800 que incorporaron las distintas consejerías cuando se empezó a aplicar la jornada de 35 horas. El Ejecutivo ha anunciado también que a los empleados con contratos de asistencia técnica, que cotizan a la Seguridad Social como autónomos, no se les renovarán sus contratos a medida que vayan expirando.

Los recortes anunciados el martes por la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, han sido interpretados por los sindicatos como «una declaración de guerra». Las organizaciones representadas en la Comunidad (CSIF, Intersindical, ANPE, Satse, UGT y CC OO) ya anunciaron ayer un plan conjunto de movilizaciones conjunto, que comenzará hoy mismo con una protesta ante la Asamblea Regional.

En un comunicado, estos seis sindicatos calificaban de «atraco a los empleados públicos» la medidas recogidas en la Ley de Sostenibilidad de las Finanzas y acusaban al Gobierno regional de «hacer pagar a los empleados públicos una política descerebrada que pretende ocultar con portavoces saltimbanquis la cruda realidad de la situación económica».

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, calcula que pueden quedarse sin trabajo en la Comunidad Autónoma más de 1.500 personas, puesto que los 52.000 funcionarios de la Administración regional, la sanidad y la educación tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. Jiménez recordó que la implantación de las 35 horas supuso la incorporación de 800 personas, que ahora sobrarán, al igual que los contratados como empresas de asistencia técnica (aunque trabajaban como cualquier funcionario). El secretario general de CC OO, Daniel Bueno, advirtió de que «vamos a responder con contundencia» ante la suspensión de los acuerdos firmados, que calificó de «salvajada». Puso en duda la constitucionalidad de la ley y dijo que «el derecho a la negociación colectiva está reconocido en la Constitución». Además de todos los beneficios sociales que perderán los funcionarios, a los docentes se les retirará de la nómina el complemento de 75 euros mensuales .