Los imputados en la operación Umbra, que investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, continúan desfilando ante el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos. Ayer le tocó el turno al empresario Francisco Arqués, así como Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres-Fontes Suárez, ambos de la empresa Inveralrahu S.L., quienes pudieron intervenir en operaciones de compraventa de terrenos en la zona norte de la ciudad.
Arqués fue el primero en comparecer ante el magistrado y el fiscal Juan Pablo Lozano. Llegó al Palacio de Justicia sobre las nueve y cuarto de la mañana acompañado de su abogado, Antonio Félix de Saz Ortiz, y antes de entrar en las dependencias judiciales aseguró sentirse tranquilo. Tras más de una hora prestando declaración, a la salida, el letrado indicó que el juez no impuso ninguna medida cautelar a su cliente, aunque se mantiene la imputación. «Todo ha ido bien», dijo.
Aunque Francisco Arqués no quiso hacer declaraciones, una de las cajas fuertes requisadas por los agentes de la Guardia Civil en una oficina de Cajamar durante los registros era suya, mientras que la segunda pertenecía al concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena. Además, se está investigando la presunta relación de los empresarios imputados con la rehabilitación del Casino de Murcia y la existencia de facturas falsas.
El segundo en entrar fue Alfonso Ramírez Huguet, representado por el abogado Miguel Pardo Domínguez, y quien prestó declaración durante más de dos horas. El juez le imputa blanqueo de capitales dentro de las investigaciones de la operación Umbra, según indicaron a LA OPINIÓN fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), y le impuso la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y de comunicar cualquier salida del territorio nacional. El último en comparecer ayer ante el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia fue el promotor inmobiliario Juan Torres-Fontes Suárez, ex gerente de Profusa, socio de Inveralrahu S.L. y quien comparte abogado con Ramírez Huguet. Torres-Fontes quedó en libertad ayer y sin medidas cautelares, tras declarar durante algo más de una hora, aunque se le mantiene imputado en el caso.
Desde el TSJ de Murcia indicaron que el juez que dirige la instrucción continuará el próximo viernes con la toma de declaración a otro de los veinte imputados, en este caso, el empresario y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.
Todas estas actuaciones se enmarcan en un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. Las actuaciones, que continúan bajo secreto de sumario, se iniciaron hace un año y medio y se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas del crecimiento de la ciudad en la zona norte, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos entre los años 2001 y 2005 para recalificar el suelo.
