La operación Lila ha dejado un total de 22 personas imputadas. Entre ellas están los responsables de las empresas implicadas en la operación de compra-venta ficticia, los intermediarios que crearon la empresa pantalla, empleados de entidades financieras y un notario de Molina de Segura. Se trata, en concreto, de Francisco Coronado Fernández, que ocupaba el cargo de secretario en la Junta Directiva del recién creado Colegio Notarial de Murcia.
Ayer, esta redacción trató sin éxito de localizar a Coronado para recabar su versión. No obstante, fuentes próximas a la institución colegial confirmaron que, tras ser llamado a declarar como imputado por su presunta colaboración en la operación de fraude fiscal y blanqueo de capitales, Coronado habría presentado la dimisión de su cargo como secretario. Esta dimisión, no obstante, estaría pendiente de la evolución de la investigación.
La implicación de Francisco Coronado Fernández vendría, en principio, por omisión del deber de perseguir delitos. Los investigadores entienden que el notario, que tiene su despacho en Molina de Segura, tuvo conocimiento de que la operación que se realizaba en su oficina era un montaje que estaba dirigido desde un principio a eludir el pago de impuestos a las arcas públicas. A pesar de eso, según los responsables de la operación Lila, Coronado habría accedido a que se produjese la operación ficticia sin poner reparos ni dar aviso a las autoridades.
La operación de compra-venta de la finca de La Molineta se realizó en el mismo día en el despacho de Coronado. La sociedad Sotos Herreros compró los terrenos el ocho de noviembre por más de 15 millones para, inmediatamente después, vendérselos a Nozar Promobys por casi 24 millones de euros. Todo ello, además, con la supuesta presencia de dos bolsas llenas de billetes de 500 euros para realizar los pagos en dinero negro.
