La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de un Juzgado, en febrero pasado, condenó a un hombre a tres meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros por ofrecer a otro un contrato de trabajo en una empresa inexistente con la finalidad de que este consiguiera el permiso de residencia. El documento, que fue elaborado por el acusado o por otra persona a su instancia, fue aportado para obtener el permiso.
