El juez del caso 'Puerta Nueva', que investiga un presunto desfalco de 9,2 millones de euros en la construcción del Barrio Universitario, está revisando minuciosamente las declaraciones de cuatro directivos de la promotora, investigados por un posible delito continuado de alzamiento de bienes.

Según fuentes judiciales, las defensas de los cuatro imputados (Jesús Espelosín, Antonio José Lleó, Santiago López y Agustín Alonso -hermano del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso-) solicitaron al juez la prescripción del presunto delito, aunque, según una providencia magistrado, se rechazó porque los hechos podrían constituir un delito con penas superiores a cinco años, «lo que diluye toda prescripción», en alusión al plazo de diez años que fija el Código Penal para la extinción del supuesto delito, perpetrado en diciembre de 2007, cuando la causa se incoó en junio de 2015.

En las declaraciones que el juez chequea, dos de los cuatro directivos reconocieron que Puerta Nueva dio préstamos sin garantía de cobro, aunque justificaron la acción debido a que se trataba de empresas solventes. La llegada de la crisis, según los investigados, provocó que no se pudieran devolver los préstamos.