Estancado entre el Puerto, el Gobierno central y Bruselas y sin dinero para comenzar antes de 2018. Así se encuentra ahora mismo el proyecto para construir una dársena de contenedores en El Gorguel. Y es que, tal y como reflejan los Presupuestos Generales del Estado para 2016 y la previsión hasta 2019, sólo se contempla una inversión de 1,7 millones de euros hasta 2017, una cantidad que no permitirá poner ni la primera piedra de la construcción.

Pero es que además, tal y como reconoció ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, el Gobierno central aún no ha catalogado el proyecto como 'Imperiosa necesidad de interés público para el país' -condición indispensable para que Bruselas tenga que aceptar o rechazar la obra, ya que afecta a la Red Natura 2000-. Así, pese a que Sevilla confió en que el Consejo de Ministros dé luz verde a esa catalogación este mismo año, estimó que el proyecto permanecerá en Bruselas «al menos un año», por lo que hasta entrado 2017 no habría decisión final y no sería hasta 2018 cuando todo empezaría a tomar forma.

Es la fecha estimada también por el Estado, que prevé una inyección de 21,5 millones para el proyecto en ese año y 47,6 durante 2019, lo que sumaría un montante total de 70,8 millones, aún lejos del coste total de la obra, unos 527 millones.

Aún así, Sevilla se mostró confiado en que el proyecto salga adelante y puso como ejemplo otros puertos europeos que han ampliado sus instalaciones hacia espacios protegidos, gracias a que la reforma ayudará económicamente al país y por las medidas compensatorias de la autoridad portuaria competente.

El siguiente paso, según el presidente del Puerto, será consultar en septiembre con Bruselas el modelo de documento que se debe presentar, con el objetivo de no perder tiempo en su aprobación una vez el Consejo de Ministros lo catalogue como 'imprescindible'.

«Nosotros hemos redactado el borrador y lo hemos remitido a Puertos del Estado, que es el promotor de la obra, con todos los datos sobre viabilidad, sostenibilidad, afección, necesidad y un planteamiento de medidas compensatorias, ya que estas requieren un estudio más detallado y se sigue trabajando en ellas», dijo Sevilla, quien añadió que ése será el documento que deberá analizar Bruselas para su aprobación definitiva una vez que salga del Gobierno central.

20.000 trabajos inducidos

Sobre la importancia socioeconómica del proyecto, indispensable para el visto bueno de Bruselas, Sevilla no tuvo duda alguna. «Un puerto que supondrá casi 3.000 puestos de trabajos directos e indirectos y cerca de 20.000 inducidos -existe una Zona de Actividades Logísticas vinculada al proyecto-, refleja el beneficio que tendrá la nueva dársena para la Región y para el país», indicó el presidente de la Autoridad Portuaria.