La concejala de Educación, Rosario Montero, declaró ayer ante el magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, en calidad de imputada por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental, a raíz de la denuncia resentada por la concejala sin grupo, Carmen Martínez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la guardería de La Aljorra.
Montero, quien al igual que antes del verano cuando declaró ante la Fiscalía del TSJ de Murcia, no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación, «se limitó a ratificar lo que ya había declarado con anterioridad», señaló un portavoz del Ayuntamiento.
La comparecencia de la edil de Educación tuvo lugar a las diez y media de la mañana. Diez minutos más tarde, le tocó el turno a un técnico municipal, quien también esta imputado en este mismo caso.
Martínez basó su denuncia, entre otras cuestiones, en el hecho de que la concejalía de Educación solicitase una subvención a la Comunidad Autónoma para comprar un mobiliario, cuya compra ya había sido adjudicada con anterioridad a una empresa.
