El capataz acusado de abusar sexualmente de seis trabajadoras de una finca de La Palma niega los hechos

El acusado de haber abusado sexualmente de, al menos, seis trabajadoras de la finca que explotaba en la diputación cartagenera de La Palma ha negado los hechos durante la primera sesión del juicio, celebrado este lunes en la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena.

El procesado, M. Z., está acusado de explotar y atentar contra la libertad sexual de trabajadoras que se encontraban en situación irregular a las que seleccionaba previamente, imponiéndoles condiciones laborales y un trato vejatorio aprovechando su situación de especial vulnerabilidad. La Fiscalía ha pedido una pena que suma 95 años de cárcel.

El acusado, que reside en España desde 1989, explotaba al menos desde 2019 una finca de La Palma, propiedad de otra persona, donde tenía animales y pequeñas plantaciones. Según el escrito de acusación provisional realizado por la fiscal del Juzgado de Instrucción, para el cuidado de los animales y labores del campo, el acusado seleccionaba a mujeres en situación irregular en España y especialmente vulnerables por desconocimiento del idioma español, por carecer de familiares cercanos y tener cargas familiares en su país, siendo su único sustento su trabajo. Hechos que en la primera sesión del juicio celebrado este lunes el acusado ha negado en parte. 

El acusado ha declarado que, por lo general, "solo se limitaba a transportar a las mujeres a cada una de las de cinco fincas de los jefes para los que trabajaba", algo que comenzó a hacer, ha puntualizado, cuando estalló la pandemia. En este sentido, ha asegurado que solo las llevó a trabajar a su terreno en dos ocasiones y que en una de ellas fue el día de su detención. Asimismo, sí que ha afirmado ser conocedor de que se encontraban en situación irregular, pero ha puntualizado que “no sabía sobre su situación de vulnerabilidad” y que “no era él, sino los dueños de los terrenos, los que se encargaban de pagar en mano a las chicas”. También ha negado que fuera él quien las seleccionara, ya que, según su relato, era una tercera persona la que le "indicaba cuándo y dónde debía recogerlas". 

Además, según los hechos probados por la fiscal, el individuo realizó actos de forma violenta que atentaban contra la libertad sexual de seis de estas trabajadoras con la intención de "satisfacer su ánimo libidinoso". Así, siguió el mismo 'modus operandi' con todas ellas, aprovechando que estaban trabajando allí. A preguntas de la fiscal, el acusado ha negado los hechos, aunque que sí que reconoció “haber mantenido relaciones sexuales con una de las presuntas víctimas”, algo que aseguró haber hecho “fuera de la finca y una dos o tres semanas antes de su detención”, aunque no ha revelado más detalles. Al respecto, ha negado tajantemente haberla agredido sexualmente hasta en tres ocasiones en una de las habitaciones de la finca.

El presunto autor de los hechos también ha negado haber amenazado a las presuntas víctimas con dejar de ofrecerles trabajo para que no denunciaran el caso ante las autoridades y ha afirmado no haberles proferido “obscenidad alguna”, tal y como ellas denuncian.  Según alegó el acusado, su detención estuvo "orquestada" por una de las presuntas víctimas, a modo de “venganza por haber sido despedida por uno de sus jefes”.  

El testimonio de las presuntas víctimas será a puerta cerrada, ya que, según ha explicado la fiscal, “existe cierto sentimiento de hostilidad entre ambas partes, fruto de un vídeo publicado por familiares del acusado en el que amenazaron con revelar datos personales de las víctimas relacionados con su libertad sexual”. Por lo tanto, la acusación considera que de ser público, el testimonio podría “verse afectado” y, asimismo,  buscan “evitar confrontación visual entre ambas partes”. 

La Fiscalía pide 95 años de prisión

El acusado está en prisión provisional desde el 28 de septiembre de 2020. El Fiscal sostuvo que el individuo es autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por el que procedió a imponerle la pena de cinco años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además, el Ministerio Público pide la pena de 15 años de prisión por cada uno de los seis delitos continuados de agresión sexual y la pena accesoria de prohibición de aproximarse a las seis víctimas en cualquier lugar donde se encuentren, domicilio, lugar de trabajo, centro de estudios, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio de comunicación por un periodo superior a 10 años a la duración de la pena de prisión impuesta.

El Fiscal también pide para el acusado la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años, consistente en obligación a someterse a un programa de educación sexual; así como la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad por tiempo de diez años que exceda a la pena privativa de libertad impuesta.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide indemnizar a las seis víctimas por los daños morales en la cantidad de 50.000 euros. Además, pide que pague una indemnización de 2.400 euros por las lesiones psicológicas a una de las víctimas; 400 euros a otra de las víctimas por las lesiones físicas; y 9.600 euros por las lesiones psicológicas y secuelas a la tercera víctima. Asimismo, pide una indemnización de 9.600 euros por las lesiones psicológicas y secuelas a la cuarta víctima; y 4.400 euros por las lesiones psicológicas y secuela a la quinta.