Un juzgado cita a Eugenia Martínez de Irujo tras una denuncia fiscal por 8 pozos junto a Doñana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente relacionado con la detracción ilegal de aguas en una finca del entorno de Doñana.

La denuncia se dirige contra la empresa Eurotecnica Agraria SA y contra la persona representante legal de la misma, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La empresa, tal y como consta en la denuncia, tiene como miembros del Consejo de Administración a varios hermanos de la familia Alba, además de la presidenta figuran Cayetano y Fernando José Martínez de Irujo Fitz-Jamez Stuart , junto a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.

Los hechos ocurrieron en la 'Finca Aljóbar', en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), propiedad de Eurotécnica Agraria SA, con domicilio social en el Palacio de Liria, en la calle Princesa de Madrid, según la denuncia de la Fiscalía a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y que fue adelantada por 'El País'.

Ese mismo diario dio cuenta días atrás de otra demanda de la Fiscalía el empresario y extorero Miguel Báez 'El Litri' por supuestamente expoliar el entorno del acuífero de Doñana al regar sus 360 hectáreas de olivar con cuatro pozos ilegales. El exmatador de toros está denunciado por extraer durante cuatro años más de 2.000 millones de litros de agua (más de dos millones de metros cúbicos) sin autorización.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había planificado el cierre de más de 400 pozos ilegales hasta final de año, lo que elevaría la cifra a 1.200 pozos precintados en la actual legislatura.

Ocho pozos ilegales

La finca de la familia Alba, conforme a los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tiene autorización para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de cítricos, es una finca de naranjas, y otra autorización para un segundo pozo de uso doméstico. Ambos pozos debían tener instalado un contador para así controlar el volumen de agua.

Los hechos investigados se remontan al pasado mes de mayo, cuando una inspección de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en tales terrenos, localizó junto a dos pozos y una balsa debidamente inscritas, otros ocho pozos no inscritos, con los que se estaba dando riego a unas aproximadas 200 hectáreas de naranjos.

La Confederación procedió entonces a valorar los daños ocasionados al dominio público hidráulico en esta campaña "por los riesgos ilegítimos llevados a cabo", estimándose un consumo de 305.851,73 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702,16 euros.

Como medidas cautelares se ordenó la extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos pero un representante de la propiedad denegó el acceso a la finca para la aplicación de las mencionadas medidas, lo que eleva la denuncia con un delito de desobediencia, además del delito contra el Medio Ambiente por detracción ilegal de aguas, "sin perjuicio de una ulterior y más perfecta calificación jurídica", señala la denuncia.

La Fiscalía de Medio Ambiente está elaborando un informe acreditativo del total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos 10 años, durante los que han estado presuntamente operativos los pozos denunciados, en la finca investigada y la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído ilícitamente. "Tal informe aún no ha sido recibido, encontrándose pendiente", señala la denuncia.

Dicho informe deberá determinar si la detracción ilegal de aguas pueda haber causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado, si tal detracción pudiera perjudicar gravemente su equilibrio o incluso haber ocasionado "un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas". Además se procederá a una "cuantificación económica de los perjuicios ocasionados sobre la base del importe que se precise para la restauración de la zona a su estado originario", señala la denuncia.

Los pozos ilegales han sido precintados de forma cautelar y eextraídoslos equipos de bombeo instalados de forma supuestamente ilegal. Se reclama también una fianza para garantizar las responsabilidades civiles.

El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió unas diligencias preprocesales, previa a la presentación de una demanda o denuncias, sobre la responsabilidad medioambiental por extracción de agua sin permisos del acuífero del que se nutre el parque nacional de Doñana. Las actuaciones se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2021, que declaró el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones a la hora de proteger el parque de Doñana. Además llegan mientras sigue aparcada en el Parlamento la proposición de ley para regularizar 750 hectáreas de regadío en la corona norte del Parque.