Jaque del Gobierno a los autónomos dependientes

El Gobierno ha puesto en manos de Sumar, a través de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todo lo relativo a las relaciones laborales, entre otras cosas para compensar la recuperación para el PSOE de las políticas feministas que en el período anterior recayeron en las ministras de Podemos, con los nefastos resultados que todos conocemos.

Como consecuencia de esta cesión a Sumar de las políticas laborales, estamos viendo lo que constituye un asalto sin cuartel por parte de la inspección de Trabajo a una figura reconocida plenamente por la legislación vigente: el autónomo dependiente. Esta figura está amparada por un contrato conocido como TRADE que contempla un 75% de dedicación exclusiva a un solo cliente. Hay que reconocer que esta figura se ha movido siempre entre dos aguas, las del empleado y las del autónomo, pero es plenamente coherente con la emergente figuran de los freelancers, por lo que proporciona de seguridad económica y flexibilidad simultáneamente. 

Lo que está sucediendo ahora es que los criterios de la inspección de trabajo, a la búsqueda de recaudación para las arcas de la Seguridad Social, algo encomiable en sí, está considerando a estos autónomos dependientes, de los que abundan por ejemplo en el sector inmobiliario y en el subsector de agentes comerciales, como falsos autónomos. 

Está claro que el éxito aireado a los cuatro vientos por el ministerio de Trabajo en su labor sancionadora (con recaudaciones récord el ejercicio pasado por este capítulo) tiene mucho que ver con una interpretación sesgada de la llamada Ley Rider, supuestamente diseñada para proteger a trabajadores vulnerables de la codicia de las Plataformas de delivery. Estas, por otra parte, se están zafando de la persecución de los inspectores, reconvirtiéndose en meros marketplace que ponen en conexión restauradores y transportistas, que se entienden directamente entre ellos, quedándose las plataformas con una comisión de las operaciones resultantes.

Por el contrario, miles de agentes inmobiliarios, que habían encontrado un acomodo excelente y mutuamente satisfactorio en agencias inmobiliarias de barrio de nuestro país, obteniendo una remuneración muy superior a la de su experiencia y formación y unas condiciones de trabajo altamente flexibles, se están encontrando en la calle literalmente por la insidiosa campaña de inspección a cuenta de una visión ideológica, simplista y obsoleta de las relaciones laborales promovida por la izquierda radical aposentada en el ministerio de Trabajo y Economía Social.

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