La amnistía o Abascal

Tomás es un pensionista de 70 años que no ve con buenos ojos que se vaya a amnistiar a Puigdemont y a sus acompañantes en el procés. Pero se fija en quienes se oponen a esa medida de gracia (PP y Vox), y no le apetece para nada verlos al mando, porque teme, con arreglo a su propia experiencia, que le congelen y/o recorten su pensión.

Elena es una trabajadora de la limpieza que cobra el salario mínimo. Lo del referéndum y todo ese lío le pareció algo de señoritos catalanes acomodados, más interesados en la independencia que en las condiciones de vida de la gente trabajadora. A su vez, desconfía de unas derechas que, llamando ahora a rebato contra el Gobierno, antes se opusieron a que ella cobrara 1.080 euros por su trabajo y que muy pronto volverán a votar contra el incremento de esta retribución.

Carmen es profesora de secundaria en un instituto público. Considera que lo sucedido en 2017 fue una expresión de insolidaridad, si bien en la tensión que la generó tuvo mucho que ver una actitud de las derechas hostil a Cataluña desde hace tiempo. Es relativamente indiferente al acuerdo entre el PSOE y los independentistas, entre otras razones porque piensa que, al fin y al cabo, los participantes de aquellos hechos no cometieron crímenes imperdonables, prueba de lo cual es que en la sentencia del Supremo que los llevó a la cárcel consta que «el plan soberanista no contó con la violencia como elemento estructural». En ello abunda, observa, la actitud de diferentes tribunales europeos que han rechazado las peticiones de extradición desde España contra los huidos, basándose en que los delitos que presuntamente cometieron no tienen sanción penal asimilable en sus países. Por otra parte, desconfía de quienes ahora se echan a la calle y nunca lo han hecho en defensa de lo público.

Antonio es enfermero en un hospital público. Tampoco le encaja lo de la amnistía. Aunque le alivia que Junts, como contrapartida, plantee un hipotético referéndum dentro del artículo 92 de la Constitución, lo que implica una renuncia a la vía unilateral. Lo que le horroriza es ver unas manifestaciones en las que se insta a asaltar las sedes de un partido político agrediendo a la policía y donde el despliegue de símbolos fascistas y nazis es la norma, así como la proliferación de consignas racistas y homófobas. No entiende que gente así, violenta y partidaria de la dictadura, denuncie a Sánchez por haber traicionado a España y a la democracia.

Ahora bien, lo que le preocupa verdaderamente es la imagen de dirigentes políticos ultraderechistas llamando a participar en esas movilizaciones y responsabilizando de los graves disturbios que en ellas se producen a la policía y al Gobierno. También que otros dirigentes de derecha, aunque condenen esos hechos, los justifican en ‘la indignación de la gente’. Y ve en todos ellos, además, a políticos que han maltratado siempre a la sanidad pública.

Leonor es una trabajadora de la industria, sindicalista y politizada. A diferencia de las personas anteriores, cree firmemente en la amnistía como instrumento necesario para consolidar la convivencia entre Cataluña y el conjunto de España y para estabilizar un Gobierno progresista en La Moncloa que profundice en la tarea de mejorar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. Tiene claro que los reaccionarios han encontrado un banderín de enganche para impedir la reedición del Gobierno de coalición. Que en esa ofensiva no están reparando en medios, hasta el punto de que jueces que ocupan ilegalmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sindicatos policiales, fiscales, empresarios y otros segmentos del Estado profundo han sentenciado que la amnistía es inconstitucional, antes de conocer siquiera el texto de su articulado y arrogándose una prerrogativa, la de valorar la constitucionalidad de las leyes, que solo tienen el Parlamento y, en segunda instancia y previo recurso, el Tribunal Constitucional. Son estos sectores, piensa, quienes están atentando contra la Constitución por cuanto quieren impedir que sea el Parlamento el que tramite una ley.

Con todo, lo que perturba a Leonor son las declaraciones de los dos máximos representantes de las derechas, Ayuso y Abascal, asegurando que estamos ante una dictadura y, por consiguiente, frente a un Gobierno no solo ilegítimo, sino ilegal. Son afirmaciones, razona, extremadamente peligrosas por cuanto el destino de un Gobierno constituido ilegalmente no es otro que el de ser abatido por la entidad llamada a preservar el ordenamiento constitucional, en nuestro caso el Ejército. Que es lo que hace unos días han pedido 51 militares retirados, los mismos que hace unos años querían fusilar a 26 millones de ‘hijos de puta’.

Y es que, concluye Leonor en su reflexión, las derechas extremas españolas han comprendido que su alianza es el obstáculo que les impide conseguir el gobierno por la vía electoral. Así que no les queda otra que intentarlo por la fuerza, como ya hicieran en tantos otros momentos de nuestra azarosa historia. Para ello, recurren a las togas y a los adoquines callejeros, en la esperanza de que quienes detentan el monopolio de la violencia en nuestra sociedad unan sus fuerzas a aquellos dos elementos. Los delictivos llamamientos de Abascal para que la policía desobedezca las órdenes del Gobierno se inscriben en esta dinámica.

Tomás, Elena, Carmen, Antonio y Leonor piensan de manera diferente. Pero en algo están de acuerdo: si la amnistía es una medida obligada para la conformación de un Gobierno progresista, adelante con ella. Porque cierra el paso a un gobierno con presencia de la ultraderecha. Y con las cosas de comer no se juega.

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