Recuperar derechos. Mejorar el servicio

La crisis financiera que asoló España a partir de 2008 tuvo nefastas consecuencias para nuestra economía y, como viene siendo habitual, socializó los costos y privatizó las ganancias. Las personas trabajadoras del sector público fueron de las más afectadas, los datos así lo demuestran, lo que que se tradujo en una acusada merma de derechos tanto sociales como económicos.

Esta merma de derechos no solo afectó a quienes trabajan para la administración, también se materializó en una considerable pérdida de calidad en los servicios de atención al ciudadano, en particular, la asistencia sanitaria, la enseñanza y la seguridad. Respecto al efecto sobre las personas trabajadoras, los dos puntos más visibles fueron: la pérdida de salario, que ha supuesto una pérdida de un 15,87% de poder adquisitivo entre los años de 2010 a 2022, y el aumento de horas trabajadas a 37,5 horas semanales, pero también se perdieron derechos en cuestiones de ayuda social, de horas de formación o de paralización de la carrera profesional.

Quienes trabajan en la función pública en numerosas ocasiones son objeto de críticas, fundamentalmente por ser considerados como un sector privilegiado por sus condiciones de trabajo. Sin duda, es desconocimiento, junto con una buena dosis de intención política, personalizar en las personas trabajadoras los errores de la gestión pública. Para los Gobiernos de turno, estar gestionando como un cortijo no es la causa de que sus datos económicos y sociales sean nefastos, no. Para ellos siempre es el personal funcionario, que es un nido de gandulería e ineficiencia. Parece que se olvida muy rápido que el personal funcionario es quien trabaja en sanidad, los cuerpos de seguridad del estado, los profesionales de la enseñanza… Es decir, profesiones imprescindibles para sostener el estado del bienestar.  

Los mismos a los que se les pidió un esfuerzo sustancial en la pasada crisis pandémica, los mismos a los que se les recortaron derechos con el Real Decreto Ley 20/2012, como consecuencia de la crisis del ladrillo de 2008. Estas personas son las que ahora, tras más de 10 años, recuperan unos derechos que les fueron sustraídos por decreto ley. 

Ha costado años recuperar, de forma muy progresiva, algunos de los derechos perdidos, y no ha sido por iniciativa de los gobiernos, sino gracias a la continua labor reivindicativa de los sindicatos de clase y al apoyo de la clase trabajadora. Se olvida rápido, pero cuando un gobierno quiere recortar gasto público simplemente promulga un decreto y, en lo que se tarda en coger un bolígrafo, más de 60.000 personas de esta región pierden poder adquisitivo y condiciones laborales que no se recuperan hasta pasados 10 o 15 años.

Retomando los aspectos más visibles, su salario estaba a finales de 2022 15 puntos por debajo del IPC y CCOO ha negociado una subida entre 2022 y 2024 de hasta un 9,5 % después de años de 0 o 0,5% de subida. En segundo lugar, respecto a la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, conviene recordar que este derecho ya se tenía hace una década y que su supresión supuso, además, la pérdida de cientos de puestos de trabajo. La reducción de la jornada lleva implícita la necesidad de contratar más personal en los servicios públicos, lo que, sin duda, redundará en mejorar la atención a la ciudadanía. Además de que cualquier mejora en sus condiciones laborales se trasladará, como otras conquistas, al resto de la clase trabajadora. En el norte de Europa, nunca cuestionable en eficiencia, la productividad no se asocia con horas, sino a trabajar en mejores condiciones; en nuestro país nunca será realidad si no se consolida en el sector público.

Así que no, quienes trabajan en la administración regional no van a trabajar menos y a ganar más, como tituló un medio, entre otras cosas, porque en el acuerdo firmado por los sindicatos no existe aumento de salario, ni siquiera de complementos, existe el compromiso del Gobierno regional de analizar la forma de retomar la carrera profesional. Así que si cuando se recortaron derechos no se trasladó la idea de que los funcionarios iban a trabajar más y a cobrar menos, no parece que ahora el espíritu del acuerdo se deba vender al contrario. Se trata de recuperar derechos, de que 15 años después de la crisis del ladrillo 60.000 personas trabajadoras de esta región vuelvan a su antigua situación laboral.

Cualquier persona trabajadora tiene derecho a tener unas dignas condiciones de trabajo y un salario que le permita vivir, el personal funcionario también. Además, si queremos unos servicios públicos de calidad, quienes nos los ofrecen han de contar con unas condiciones que les permitan prestarlos. Y eso resume en un solo titular el preacuerdo alcanzado por CC.OO y el resto de los agentes sociales.

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