Pedro Sánchez, un chollo para los okupas

Es la consecuencia de dejar las políticas de vivienda en manos de partidos antisistema e independentistas. Solo de una ley que nace de la iniciativa de Bildu y ERC podía salir semejante ataque al derecho de propiedad y a las libertades de los ciudadanos. No solo contiene un conjunto de medidas intervencionistas que destruyen de facto el libre mercado de la vivienda y que, como demuestra la experiencia, provocan exactamente el efecto contrario a lo que pretenden. Es que además, simple y llanamente, blinda una verdadera lacra social como es la okupación.

La nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez, que más bien habría que calificar de ‘antivivienda’, somete al propietario que quiera recuperar su casa a un auténtico infierno burocrático. El demandante tendrá que demostrar si la propiedad es ‘vivienda habitual’, y también si el ocupante que quiere desalojar se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para acreditarlo, tendrá que recibir la autorización del propio okupa y, si no la tiene, recurrir a los servicios sociales. Además, el propietario tendrá que especificar si es o no un ‘gran tenedor’, la definición que PSOE y Podemos aplican a los dueños de más de cinco inmuebles. Y, en el caso de que por fin el propietario consiga su propósito, la nueva norma incluye que se deberá informar del «día y hora exacta» del desalojo, lo que fomentará la organización de escraches’ que traten de impedir la desocupación por la fuerza.

Una ley, en suma, que refuerza a los okupas, cuyos delitos PSOE, Podemos e independentistas convierten en derechos que incluso sitúan por encima de los que deberían asistir a los legítimos propietarios. Otro retroceso en derechos y libertades del sanchismo, especialmente grave dado que, por mucho que lo nieguen desde la izquierda, la okupación es un problema real que además va en aumento. Una lacra social que es en su mayor parte producto de mafias organizadas, de las cuales en muchos casos son víctimas ese menos del 20% de las okupaciones llevadas a cabo por personas vulnerables. Pedro Sánchez, ya sea por convencimiento ideológico o por necesidades derivadas de su obsesión por conservar el poder a toda costa, se ha convertido en un verdadero chollo para los okupas. Si fuera un presidente del Gobierno digno de tal nombre, en lugar de distorsionar el mercado y menoscabar la propiedad privada, debería haber seguido el ejemplo de aquellos Gobiernos autonómicos que, como el de la Región de Murcia, están poniendo en marcha medidas útiles y eficaces, alejadas del populismo y del intervencionismo.

Con el plan ‘Haciendo Hogar’ puesto en marcha por el presidente Fernando López Miras, más de 9.400 familias de la Región han accedido o mantenido su vivienda. Un plan innovador, por el que se han aplicado medidas pioneras de ayuda a los jóvenes, como una línea de avales para que puedan financiar el 100% de la compra de su primera vivienda; ampliación del Bono Alquiler Joven; un aval para cubrir la fianza del alquiler; deducciones y bonificaciones fiscales que ayudan a los ciudadanos a adquirir su primera vivienda o alquilar una vivienda digna; o un aval de hasta el 15% del precio de la vivienda para completar la financiación de la hipoteca de los jóvenes.

Unas políticas de vivienda del Gobierno regional en las que los colectivos vulnerables tienen un especial protagonismo. Las ayudas de Emergencia Social de la Vivienda, gestionadas en colaboración con las ONG, han evitado que 4.700 familias pierdan su hogar por situaciones económicas adversas. También hemos facilitado que 310 familias se conviertan en propietarios de la vivienda social que han estado pagando a lo largo de toda su vida. Y hemos ayudado a que 240 personas salgan del chabolismo gracias a la adquisición de 71 viviendas por parte del Gobierno regional.

Frente a un Sánchez que, de forma disparatada, traslada a los propietarios las políticas sociales de vivienda, López Miras plantea soluciones reales y eficaces. Medidas combinadas con una estrategia de tolerancia cero contra la okupación, que incluye una Ley Contra la Okupación pionera en España. Aunque las competencias autonómicas en la materia son muy limitadas, el Gobierno regional no lo ha utilizado como pretexto para quedarse de brazos cruzados y ha aprobado una norma que sitúa a la Región de Murcia a la vanguardia de la defensa del derecho de propiedad.

En el Partido Popular tenemos claro que se debe compaginar la defensa de la propiedad con el derecho a la vivienda. Consecuente con ese principio, el Gobierno de López Miras siempre ha trabajado para que aquellas familias más vulnerables tengan acceso a una vivienda digna, pero respetando siempre los derechos constitucionales de quien ha conseguido gracias a su mérito y esfuerzo tener una vivienda en propiedad. Porque se trata de garantizar el Estado de Derecho.

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