En España prácticamente no había experiencia acumulada de pactos de gobierno en el nivel autonómico o nacional y escasa a nivel municipal. El segundo gobierno de Pedro Sánchez se fraguó con una coalición tan heterogénea como la formada por PSOE y U-P, que ha venido siendo sustentada por una mayoría parlamentaria de hasta ocho partidos. Todo un hito en la reciente historia del país. Han conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y aprobar leyes de gran calado, sin que las celosas autoridades comunitarias hayan hecho nada más que dar algún que otro tirón de orejas al ejecutivo liderado por Sánchez.

Por mucho que la oposición se haya empeñado en restar legitimidad a Sánchez y sus ministros, la coalición había resistido todos los embates, había conseguido una envidiable solidez y sus iniciativas legislativas habían conseguido el apoyo de sus socios, si bien con algún golpe de fortuna como el de la reforma laboral en la que la torpeza de un parlamentario del PP le dio un voto imprescindible para que la reforma resultara finalmente aprobada. Las modificaciones legislativas que suprimían el delito de sedición y que modificaban el de prevaricación parecían dictadas por los socios catalanes y, aunque superaron sin problemas el trance parlamentario, fueron ampliamente contestadas por importantes sectores de la opinión pública que hasta ese momento habían sido más bien condescendientes con Sánchez cuando no decididos partidarios.

Fue a partir de ahí cuando algo descarriló en el tren gubernamental y lo que había sido una balsa de aceite se convirtió en un curso de aguas turbulentas. La aprobación de la famosa ley “del solo sí es sí” ha sido el comienzo de una serie de desencuentros entre los socios del Gobierno a causa de las rebajas de penas a agresores sexuales. Uno de los socios, el PSOE, decidió que había que subsanar esos efectos indeseados mientras el otro primero negaba, contra toda evidencia, que el error estuviera en la ley y acusaba a los jueces “machistas” de aplicarla torticeramente. La ausencia de autocrítica se reforzó con el empecinamiento en oponerse a la enmienda. La dialéctica subió de tono y los socios de gobierno empezaron a comportarse como rivales -por no decir enemigos- políticos. En la aprobación de la “ley trans” se esquivó la confrontación y superó el trámite parlamentario un más que dudoso texto legal que a buen seguro creará nuevos problemas. La fallida derogación de la “ley mordaza” ha escenificado ya el “sálvese quien pueda” que impera ahora en la coalición parlamentaria. Probablemente el disenso radique tanto en la cerrazón política y la ausencia de una mirada de largo alcance como en el ansia por diferenciarse frente a un hipotético electorado que tiene la cita con las urnas a la vuelta de la esquina. Hoy el temor de los partidos, tanto del ala derecha como de la izquierda, es sobre todo a la fuga de votantes propios hacia formaciones ajenas. Para evitarlo, Podemos está reforzando sus señas de identidad por miedo a ser fagocitada por el PSOE, sin darse cuenta de que ese reforzamiento los está escorando hacia un dogmatismo que los puede apartar incluso de no pocos de sus antiguos votantes.

Por si todos estos males fueran pocos, está en el horizonte la operación Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz en lo que debería ser una confluencia de todas las fuerzas situadas a la izquierda del Partido Socialista. La ministra de Trabajo está dando pasos cautelosos, a sabiendas de que la capa de hielo que la sustenta es muy fina y puede quebrarse en cualquier momento. Está siendo tan cautelosa que a veces se diría que no avanza hacia la orilla que pretende alcanzar. Y de nuevo Podemos quiere marcar territorio propio. No quiere ser fagocitada por la nueva -y etérea- formación Sumar. De fondo está el problema de elaboración de las codiciadas listas electorales, que determina quién tendrá un lugar al sol y quién se quedará a la intemperie sin colocación.

Los errores de unos y otros y el inicio del ciclo electoral han vuelto irreconocible aquella armonía que reinaba entre los socios parlamentarios. El afán por ampliar la base electoral de cada uno de los grupos integrantes de la coalición paradójicamente puede proporcionar grandes réditos electorales a PP y Vox, pese al sainete de la moción de censura de los de Abascal/Tamames.