Protestas, pseudorreformas y azahar

Los anuncios de protestas por la Educación y la Sanidad públicas calientan la primavera antes de que llegue y posiblemente lo harán también con la campaña electoral que será en esa estación. Las convocatorias han sido seguidas inmediatamente por la publicitación de proyectos gubernamentales regionales para intentar calmar los ánimos, cadencia un tanto sospechosa. En ambos sectores las quejas tienen paralelismos: deterioro de los servicios, falta de personal, carencia de solución a los recortes de la Gran Recesión… que provocan la mala atención a los usuarios y pésimas condiciones laborales de los trabajadores.

Por eso sindicatos, usuarios y ciudadanos en general son poco crédulos sobre los anuncios a bombo y platillo que prometen soluciones inmediatas. El Gobierno regional tiene el crédito agotado en sanidad y educación públicas, con matices: hay un gran malestar de los enseñantes; y un cierto regomeyo entre los médicos, porque los van calmando con medidas parciales. La gran diferencia es que en uno protestan los sindicatos de enseñantes fundamentalmente, aunque convocan a los usuarios en general; en el otro, son 30 asociaciones ciudadanas las que protagonizan con la colaboración nuclear de las enfermeras: los médicos, salvo los de Atención Primaria, quedan mayoritariamente al margen.

El Gobierno parece olvidar que, si bien puede satisfacer temporalmente a los galenos con algún parche que otro, son los pacientes y familiares quienes están muy hartos de tanta disfunción sanitaria que, por cierto, también sufren los facultativos. Ese «plan para el impulso y mejora de la Atención Primaria» que se dio a la propaganda es algo que se llevó anunciando todo el 2022 y se habría de iniciar en 2023. No se hizo: se ofrece ahora tras la convocatoria de protestas. Pero no está consignado en los Presupuestos de 2023, por lo que más de uno y más de dos se preguntan con qué dinero se ejecutarán esas supuestas mejoras publicitadas para arreglar los recortes sin vuelta atrás en la Sanidad pública regional. Consecuentemente, se duda de la voluntad real de solucionar los problemas sobrevenidos.

En la educación pública las cosas están tan mal como en la asistencial. No solo por la falta de reversión de los recortes de 2012, sino también porque el nombramiento de la inefable ex-Vox Mabel Campuzano para dirigir la Consejería competente (?) mostró a las claras la importancia que el presidente regional daba al tema. Muchos enseñantes tuvieron claro que su ungimiento tenía poca más importancia que la meramente simbólica: el resto del equipo directivo continuaba anclado en el PP y así ejercía. La prueba del algodón: Campuzano fue sustituida por un director general clave en la Consejería, un hombre bien amarrado en el partido gobernante y que venía siendo el verdadero orientador de la política educativa oficial: Víctor Marín.

En los centros la situación está que arde: a los sindicalistas los asedian a preguntas y quejas cuando visitan colegios e institutos. Sin embargo, alguno confiesa que a maestros y profesores les cuesta movilizarse, aunque convoquen todos los sindicatos, y que la premura en la convocatoria es una rémora.

Desde el PP están tardando en calificar las protestas de ‘políticas’, como si pudieran no serlo. Caldearán, sin duda, la precampaña electoral regional y quién sabe si también la campaña. Visto lo visto, CEMOP mediante, puede ser discutible que tengan consecuencias en las urnas. Las fiestas religioso-folclóricas de abril contribuirán a diluirlas. Pura coincidencia.

Al final, las reformas educativas y el plan de Atención Primaria de la propaganda oficial engrosarán la larguísima lista de anuncios rimbombantes para consumo de biempensantes desavisados, sin consignación presupuestaria ni visos de realidad, efímeras como el azahar. Pero sin fruto posible, pues no se plantea sustituir las políticas restrictivas por otras expansivas. Así que el profundo malestar seguirá, al margen de que las protestas venideras sean exitosas o no.

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