La ley del ‘sí es sí’ está sacando de la cárcel a depredadores sexuales y bajando las penas a los violadores y delincuentes sexuales. Se lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial. Se lo advirtió el Partido Popular. Se lo advirtieron jueces y juristas. Pero la izquierda tenía que sacarla adelante sí o sí antes del 8M por pura propaganda electoral. Las consecuencias nefastas de hacer políticas a golpe de pancarta ya lo están sufriendo víctimas que ven ahora a sus agresores salir de la cárcel. Cinco condenados ya en libertad y once condenas reducidas. Y, sobre todo, sabemos que a los tres casos conocidos el martes se han sumado otros nuevos en Madrid, en Baleares, en Murcia, en Castilla y León, en Andalucía.
Todo el Consejo de Ministros es responsable de que ahora mismo están en la calle condenados que, como los de ‘la manada’, podrían beneficiarse de esta ley. La sociedad se pregunta si esta es la ley que se supone que iba a defender a las mujeres.
Ante esta chapuza, al Gobierno de España no se le ha ocurrido otra cosa que excusar su responsabilidad y culpar a los jueces llamándolos ‘machistas’ y exigiéndoles ‘que tienen que formarse’,
Al menos una decena de condenados por delitos sexuales reclaman rebajas de penas en la Región de Murcia. Esa ley es un callejón sin salida. El Gobierno de Sánchez se ha enrocado y se ha quedado aislado en su trinchera, defendiendo una ley que permite que los delincuentes salgan a la calle.
Una vez más, estamos viendo los problemas de gobernar a golpe de eslogan. Lo peor es que las deficiencias y errores básicos de esta Ley ya fueron insistentemente advertidos. Pero todo el Gobierno decidió seguir adelante con su tramitación y aprobación. Por lo tanto, todo el Gobierno es hoy responsable de los perjuicios que provoque a las víctimas y a la sociedad.
El Gobierno debe dejar de insultar a los jueces que solo aplican esta chapuza de Ley, modificarla y asumir responsabilidades por este error flagrante.
El daño ya está hecho, y el goteo de condenados beneficiados por esta Ley se mantendrá, pero está en manos del Gobierno que se corte lo antes posible de cara al futuro. Es inconcebible que hayan impulsado esta Ley tras todas las advertencias que se habían efectuado. Es imperdonable que los ministros y portavoces socialistas se desmarquen de una Ley que ha salido de su Consejo de Ministros y han apoyado en las Cortes. Es inasumible que la respuesta de Sánchez sea decir que una Ley que está sirviendo para reducir las penas a culpables de violación es un «ejemplo de conquista feminista que van a copiar otros países».
No es el único ejemplo de ataque al poder judicial y a la separación de poderes por parte del Gobierno de Sánchez. Los indultos a la carta o la modificación del delito de sedición y malversación para favorecer a los golpistas condenados y a los socios que mantienen en el poder a Pedro Sánchez es una muestra más de la degradación democrática a la que nos está abocando este Gobierno de PSOE y Podemos. Es inaudito que un Código Penal se reforme para beneficiar a aquellos que incumplieron la ley, con nombre y apellidos. Una reforma hecha por el Gobierno a medida para ayudar a los que delinquieron atacando al Estado no tiene justificación alguna porque se le envía un mensaje peligroso a la sociedad.
No todo vale en política, el poder no puede alcanzarse a cualquier precio.
El deber moral de aquellos socialistas que creen, como la inmensa mayoría de los españoles, que se trata de una aberración deben hacer pública su oposición a esta medida e intentar que no se siga adelante con la misma. En este tema, o se está con el interés particular de Sánchez, o se está con el interés general de España. Con los antecedentes de este Gobierno, que un ministro diga que no están hablando de la malversación con los independentistas, pero que lo estudiarán, es la mejor prueba de que ya han cerrado que esa sea la próxima de sus concesiones. El independentismo es insaciable y Sánchez ha demostrado que es capaz de cualquier cosa para complacerlo mientras le aseguren un día más en La Moncloa.
Con Pedro Sánchez, Montesquieu ha muerto. La Justicia no está en venta. Y delinquir no puede salir tan barato. El poder si no tiene límites se corrompe. Por eso los españoles debemos defender nuestro orden constitucional, nuestro Estado de derecho, nuestra libertad y nuestra democracia de aquellos que la desprecian, de los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez.
