N o me refiero a la petición de nulidad ante el Tribunal Constitucional, ya adelantada por el PP si gana las elecciones (que ya es mucho decir, aunque si sigue ganando alguien, y excluyo al partido que representa totalmente ganador y respetable, que hace lo contrario de lo que dice, ya nada me extrañaría en este mundo) de la Ley de Memoria Democrática, apoyada por quien han sido los más antidemocráticos del universo, amén de otras cosas más graves.
Es otra petición de nulidad, ya pedida. La del caso Pujol. A veces, cuando un caso está perdido, o no tiene por donde cogerse porque no existe manera de salir del berenjenal en que se ha metido un acusado/a, lo mejor es alegar todo. Y una de esas formas es pedir nulidad de actuaciones, desde el principio o desde el juicio, o desde la sentencia, para tratar de ganar tiempo o simplemente intentar justificar lo injustificable, disparando por todos lados. Otras veces, también es verdad, la petición de nulidad se encuentra justificada, porque existe algún defecto denominado legalmente procedimental, que obliga a una nulidad de las actuaciones, por haberse infringido una norma de orden público o de derecho necesario, que incluso de oficio el juez/a está constreñido a decretar la nulidad, en aras a un proceso justo y con garantías y, sobre todo, por la tutela judicial efectiva, e incluso para evitar una indefensión, prohibido todo ello constitucionalmente.
¿Por qué puede ser nulo el caso Pujol? A bote pronto, desecho que sea porque al cabeza de familia, esto es el expresidente de la Generalitat durante muchos años (el mismo a quien el rey desmérito le dijo el 23 F «tranquilo, Jordi, tranquilo»), se le haya faltado al respeto. Todo empezó cuando su exnuera Victoria denunciara que bolsas llenas de billetes iban camino de Andorra, portadas por su expareja Jordi, hijo mayor del cabeza. En realidad, era lo mismo que mucho antes, en pleno Parlamento catalán, dijera otro político cuando preguntó que a ver qué pasaba con el 3% de Convergencia. Momento que el expresidente Pujol aprovechó para atacar echando una bronca a los demás parlamentarios, diciendo que si tiraba de la manta caería gente muy alta. No creo que se refiriera a su amigo (el que lo tranquilizó el 23 F), pues no había hecho nada, como después se ha sabido de buena tinta, sobre todo de Hacienda. El caso es que a Maragall nadie le hizo caso hasta que se descubrieron cuentas en Andorra, al parecer multimillonarias. Tampoco creo que sea la madre superiora, esposa del cabeza del clan, quien ideara todas estas maniobras, pues va a misa diariamente, y además no le contaban nada sus hijos ni su marido. Serán, pues, los hijos a los que se les pide por la acusación, además de los nueve años de prisión para Jordi padre, veintinueve para Jordi hijo, catorce para Josep y 8 para cada uno de los demás vástagos. Frente a ello, la defensa de los Pujol considera que «la causa encuentra su origen al margen de toda legalidad procesal» (sic).
Dicen las defensas que agentes de policía agregados a la embajada española en Andorra coaccionaron a los accionistas mayoritarios del BPA para que incumplieran la reserva de los datos bancarios y facilitaran el pantallazo de las cuentas de los Pujol en Andorra.
Y me pregunto: ¿qué pasaría si el banco se niega a colaborar con la Justicia que investiga la comisión de varios delitos? Supongo, que todo secreto tiene un límite, máxime si, como en este caso, la policía no entregó el pantallazo hasta que Jordi padre dijo que el dinero en Andorra provenía de una herencia de su padre. No auguro nulidad alguna en la investigación de los Pujol. Lo que ignoro es si al final aumentará o no la población reclusa o solo la de Abu Dabi.